AMPL.- El coronel García Peña admite que firmó un certificado por obras en su vivienda que finalmente no se hicieron

PALMA DE MALLORCA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coronel Francisco Javier García Peña, acusado de un delito de falsedad de certificado y otro de falsedad en documento mercantil dentro del denominado caso Facturas, admitió hoy que en octubre de 2005 firmó un certificado con el que acreditaba que en su vivienda oficial, ubicada en la casa cuartel del Polígono de Levante, se habían llevado a cabo obras por valor de 12.505 euros, cuando en realidad estos trabajos no se habían efectuado y el presupuesto lo había destinado a la compra de muebles.

Así lo expuso durante el juicio que arrancó hoy y finalizará mañana por este caso en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, donde apuntó que recién nombrado jefe de la Comandancia de Baleares, le asignaron esta vivienda y manifestó que, al ver su estado y saber que no había sido arreglada desde hacía veinte años, habló con el servicio de acuartelamiento para pedir un cambio de mobiliario y sanitarios, desde donde le informaron de que el presupuesto asignado sólo estaba disponible para la realización de obras.

Pese a las advertencias, pensó que la cantidad de 12.000 euros podía servir tanto para las obras como para la adquisición de muebles, por lo que acudió a "Ikea y Leroy Merlín" a comprarlos con la intención de hacer inventario posteriormente y dejar los muebles en el pabellón. "No pensaba que estaba cometiendo hechos delictivos", insistió el coronel al respecto, en un juicio que por primera vez ha sentado en el banquillo a máximos representantes del Instituto Armado.

Tal y como rememoró, en agosto de aquel año coincidió en una comida con el teniente coronel Luis Cuadri, acusado por parte de la acusación particular, quien le recomendó que no se preocupase, ya que "conocía a empresarios de la isla y hablaría con ellos como otras veces para hacer la compra de los muebles con dinero de la Guardia Civil". No obstante, negó tener relación alguna con el constructor Jaime Ferragut, encausado en el caso, y aseguró que "nadie me dijo" que sería este quien elaboraría un presupuesto de obra para aparentar la realización de los trabajos y entregarlo a las dependencias oficiales del cuerpo.

"En un principio las relaciones con Cuadri fueron buenas, pero poco a poco fueron deteriorándose por motivos profesionales meses antes de que la noticia del caso saliese en la prensa", agregó García Peña remarcó que el cuarto de los acusados, el capitán de la Guardia Civil destinado en Baleares, José López García, le entregó un sobre con el dinero, procedente de Ferragut. "Cuadri había dicho que buscaría a un empresario, lo localizó en Calvià y es así como entró en el juego", enfatizó en referencia al constructor.

Por último, justificó que había reconocido los hechos a un periódico regional porque "no sabía que esta cometiendo ningún hecho delictivo y pensaba que el dinero me permitía comprar muebles de reposición".

Por su parte, Ferragut, a preguntas del fiscal Ladislao Roig, apuntó que los 12.505 euros fueron cobrados en su cuenta de Banca March como pago de la Dirección General de la Guardia Civil como pago por las obras supuestamente realizadas. Una vez descontado un 16 por ciento de IVA, más de 10.000 euros fueron introducidos en un sobre para entregárselos a Trujillo, que le pidió "un favor" para García Peña. "Un favor de estos no lo hago, pero tratándose de Trujillo, yo hacía lo que él quisiera", subrayó rotundo.

"Por mi amigo sí que lo hacía, porque siempre íbamos de vacaciones con nuestras mujeres, íbamos a cenar y nos visitábamos en nuestras casas", incidió el empresario, quien apuntó que otra persona que tenía a su cargo redactó el 10 de septiembre la factura que certificaba las obras, pese no haberse llevado a cabo, y se la dio a Trujillo. Cuando recibió el dinero, al día siguiente lo metió en un sobre y se lo entregó al capitán, que "siempre actuó de intermediario entre Peña y yo".

En el turno de declaración de Trujillo, manifestó que García Peña comentó en su día que había que buscar a un constructor para hacer las obras, por lo que decidió comentárselo a Ferragut pese a que a partir de ahí "no sé si llegaron a ponerse en contacto". Sin embargo, aseguró no haber entregado ningún presupuesto ya que "las fechas no me coinciden". "Siempre he sido leal y cumplidor", subrayó en este sentido, agregando que mantiene una relación "normal" con García Peña mientras que Ferragut es "un conocido con quien no he tenido ningún enfrentamiento ni antes ni después de todo esto".

NECESIDAD DE ARREGLAR SU VIVIENDA

Según declaró el capitán jefe de la compañía de Calvià a preguntas de uno de los abogados, Rafael Perera -representante de Cuadri-, su relación con el caso se reduce al comentario que escuchó de García Peña sobre la necesidad de arreglar su vivienda y al "intento de solventar un problema".

Mientras tanto, Cuadri apuntó a García Peña de haberle planteado la necesidad de comprar los muebles, que "tenían que ser de poco gasto porque eran muchos", y éste le puntualizó que acudiese a su asesor, el comandante interventor Asís Olmedo, para preguntarle si había alguna partida específica para ello. "Yo no tenía conocimiento de cómo se elaboraba un presupuesto", aclaró el teniente coronel, quien apuntó que García Peña no llegó a preguntarle cómo conseguir una asignación de presupuesto porque "a mí no me lo podía preguntar".

"En ningún momento le dije cómo tenía que actuar", espetó Cuadri, quien, no obstante, le comentó que conocía a un constructor "muy amigo de Trujillo", en relación a Ferragut, con quien no mantuvo "ninguna conversación". Por último, manifestó que no pudo comprobar si las obras se realizaron o no aunque sí aseguró que no intervino en la elaboración de la factura, sino que simplemente le presentó al constructor.

En el turno de los testigos, Olmedo, como teniente interventor, recordó que se produjeron contactos con García Peña para hacer mejoras en la vivienda pero le informó de que la asignación de la que disponía estaba reservada a obras. Posteriormente, "me dijo que había solventado el problema y que había adquirido materiales con su dinero, pero le repetí que la asignación era sólo para obras porque entendí que el coronel no tenía conocimiento de la gestión económica". Durante su declaración ante el tribunal, presidido por Margarita Beltrán, aseguró no haber visto nunca un sobre con dinero.

Por último, Sonia Trabado, del departamento de negociado del acuartelamiento, manifestó que le llegó un sobre "vía Trujillo" al tiempo que apuntó que con Cuadri "no tuve ninguna intervención". Por su parte, el sargento del Instituto Armado, Jesús Iglesias, agregó que hubo un sólo pago y tampoco mantuvo ningún contacto con Cuadri.

PENAS SOLICITADAS

En concreto, la Fiscalía solicita tres meses de prisión y tres de multa a razón de 180 euros mensuales por el delito de falsedad en documento mercantil, además de un año de suspensión por falsedad de certificado, mientras que para Trujillo pide el mismo periodo de suspensión así como seis meses de prisión y seis de multa (180 euros al mes) por falsedad en documento mercantil. Al mismo tiempo, Ferragut se enfrenta a seis meses de prisión y seis de multa (180 euros al mes) por el mismo delito.

Por su parte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), personada el proceso como acusación particular, pide la condena más contundente, es decir, cuatro años de prisión y suspensión de seis meses para García Peña, a quien acusa de un delito de falsedad de certificado y otro de falsificación en documento público; también cuatro años de cárcel para Cuadri por inducción del delito de falsedad en documento mercantil, y dos años para Trujillo y Ferragut.