AMPL.- La Fiscalía pide ampliar las penas de cárcel para Rabasco a 18 años, Aldao a 15 y Tomàs a ocho

Actualizado 02/09/2008 17:56:25 CET

El ex miembro de ASI, Eduardo Jaime Connolly, afirma que Aldao fue la "testaferro" del ex concejal

PALMA DE MALLORCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Baleares reclamó hoy ampliar las penas de cárcel para el ex concejal de Agrupación Social Independiente (ASI), Joaquín Rabasco, el alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs, y la ex secretaria del partido, María del Amor Aldao, acusados de delitos de fraude con fondos públicos, después de que el Ministerio público solicitase esta mañana modificar sus conclusiones en torno a las responsabilidades que pesan sobre los tres procesados.

Tras el juicio que se reanudó hoy en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma contra los acusados, y en el que comparecieron tres testigos solicitados por los abogados defensores y la Fiscalía, ambas partes acordaron hacer públicos los informes orales el próximo 29 de septiembre, día en que se prevé que finalice el pleito y quede visto para sentencia.

En concreto, de acuerdo al nuevo escrito de acusación, la Fiscalía imputa a Rabasco, Tomàs y Aldao un nuevo delito, el de malversación de caudales públicos, que se suma a los que ya recaen sobre los tres acusados. Así, Rabasco se enfrenta a 18 años de prisión (seis más que antes) por los delitos de negociaciones prohibidas, cohecho, fraude a la administración, alzamiento de bienes y malversación, mientras que para Aldao se piden 15 años de cárcel (cinco más) por las mismas faltas que el ex edil.

Por su parte, para Tomàs se solicitan ocho años, frente a los dos que pedía anteriormente la acusación pública, por negociaciones prohibidas, fraude y malversación. Asimismo, el abogado de Rabasco, Ramón Riutort, y los de Tomàs, Rafael Perera y Bernardo Garcías, reclamaron tras la vista celebrada hoy la libre absolución de sus clientes, mientras que el letrado de Aldao, Eduardo Valdivia, pidió la nulidad del juicio por parcialidad del tribunal.

La Fiscalía postula que, entre 1999 y 2002, el primer edil permitió y auspició el envío de más de un millón de euros de las arcas municipales a cuatro empresas ligadas al ex regidor de Deportes y Fiestas -Majo Sport, Tenedi Ambiente, Rodema Swin y Retsar Music- y constituidas por la ex secretaria de ASI y amiga personal de Rabasco. Durante la vista, uno de los testigos que declaró y ex miembro de ASI, Eduardo Jaime Connolly, reconoció que tanto Rabasco --ya en condición de edil-- como Aldao colaboraban conjuntamente en las sociedades que la ex secretaria creó y a las que se adjudicó los contratos por valor de más de un millón de euros para la celebración de diversos festejos y actuaciones musicales. Es más, Connolly aseveró que Aldao "fue la testaferro" de Rabasco, y que ambos "mantenían una relación tanto de trabajo como personal y de pareja".

En respuesta a preguntas del fiscal, el testigo admitió asimismo que Rabasco y Aldao le pidieron, al igual que a otros integrantes de la formación, que dejasen sus domicilios a fin de instalar las empresas de Aldao en distintas dependencias. "Esto me produce vergüenza ajena, quiero olvidar el asunto", espetó Connolly, quien aseguró que, en la actualidad, no mantiene ningún tipo de relación con Rabasco, "y ni ganas" de ello, enfatizó.

"He tenido un par de enfrentamientos con él, pero en estos momentos no hay ninguna relación", incidió el testigo, recordando que en una ocasión fue contratado por Rabasco y Aldao, con motivo de la celebración de una verbena, como chófer para transportar músicos y encargarse de la seguridad, al tiempo que, según señaló, también cobró por otro lado por montar una oficina de información juvenil.

Por último, tras ser preguntado por uno de los abogados, manifestó que Rabasco, que "daba órdenes a Aldao e intervenía en sus sociedades", contrataba personalmente con las empresas de músicos y era quien se hacía cargo de la contabilidad. También manifestó que la ex secretaria acudía "muchas veces" a la oficina que Rabasco tenía en S'Arenal, núcleo del que era alcalde pedáneo desde 1999 y donde se llevaban a cabo los festejos cuyos contratos habían sido adjudicados por el Consistorio a la red de empresas investigadas.

Tras la declaración de Connolly, llegó el turno de Mitsunori Sato, otro de los testigos clave en la investigación, quien manifestó que su relación con Rabasco "venía de bastantes años atrás" y era "más bien deportiva", ya que le había dado clases de artes marciales cuando el ex concejal era policía nacional. No obstante, el escrito de acusación hace referencia a la implicación del testigo japonés en el caso ya que, al parecer, el 19 de julio de 2002 cobró un cheque de 120.202 euros pertenecientes al entonces regidor.

PRESUNTO PRÉSTAMO A MITSUNORI SATO

El escrito señala que Rabasco, ese día, retiró 128.750 euros de sus cuentas y los reingresó en su cuenta corriente, para, esa misma jornada, reintegrar los 120.000 euros mediante cheque bancario a nombre de Mitsunori Sato, talón que fue compensado en la oficina de Citibank España ubicada en la calle Jaume III. "Fue un préstamo que pedí a Rabasco porque necesitaba liquidez para asuntos privados", justificó Sato, quien explicó que quería invertir el dinero "en un negocio nuevo relacionado con patentes y maquinaria".

En este sentido, Sato, que era gerente del restaurante japonés Shogun próximo al Paseo Marítimo, apuntó que el dinero "lo puse en una sociedad de Japón". Tal y como afirmó, se lo devolvió al ex concejal hace cuatro años, "en billetes, en varias veces y sin intereses", pese a que Carrau le recriminó que no existe ningún documento que acredite el préstamo y la devolución. "No hay ninguna retirada importante de dinero de su cuenta de City Bank", incidió el fiscal en referencia a la devolución.

A este respecto, el testigo aseveró que, para devolver la cantidad, lo recuperó de unos amigos de Japón, que "me lo trajeron desde allí en efectivo y parte de la cantidad en euros", en lugar de realizar una transferencia desde el país asiático.

Por último, el otro de los testigos interrogados, el interventor del Ayuntamiento de Llucmajor, Juan Cañellas, apuntó que las retenciones de crédito que se llevaban a cabo en el Consistorio pasaban por pleno, aunque reconoció que una de las cantidades que la sociedad Retsar Music recibió del Ayuntamiento -6.078.000 pesetas- por decreto y en fecha 6 de agosto de 2001, se llevó a cabo "sin procedimiento" previo pese a que la Ley no lo permitía.

A preguntas del abogado Perera, aseguró que con todas las empresas a las que se adjudicaban contratos "se actuaba igual y se aplicaba el mismo criterio de rigor". Así, recordó que había una mesa de contratación que examinaba las propuestas de las sociedades que concurrían a los distintos proyectos, y negó que se produjesen duplicidades en las contrataciones. "Las facturas pertenecían a contratos distintos para servicios diferentes", incidió Cañellas, aseverando finalmente que no había control sobre si las concesiones se ajustaban o no al precio de mercado.

La trama por la que están acusados Rabasco, Tomàs y Aldao, denunciada en 2001 por el entonces regidor del PSOE en Llucmajor, Juan José Maestre, arrancó en 1999, cuando Aldao constituyó la sociedad Majo Sport y nombró a Rabasco -que entonces ya era concejal en Llucmajor- como apoderado de la misma, consciente de la incompatibilidad de este cargo con el que ejercía en el Ayuntamiento (desde 1987) junto con el de segundo teniente de alcalde y alcalde pedáneo de S'Arenal (ambos desde 1999).

En concreto, el ex dirigente de ASI gestionó desde el Consistorio la adjudicación a Majo Sport de diversos contratos por un valor total de 114.789 euros. Asimismo, la sociedad Tenedi Ambiente, que carecía al igual que las demás empresas de toda experiencia en el sector del comercio, contrató servicios del Ayuntamiento por valor de 254.339 euros, mientras que Rodema Swin facturó 33.114 euros y y Retsar Music, 662.223 euros