(Amplia.).- Tomàs admite que Rabasco tenía autorización en la cuenta corriente de Festejos del Ayuntamiento de Llucmajor

Actualizado: lunes, 7 julio 2008 18:09

El alcalde del municipio dice que desconocía que el ex concejal era apoderado de la empresa Majo Sport

PALMA DE MALLORCA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El alcalde de Llucmajor (PP), Lluc Tomàs, declaró hoy ante el Fiscal que el ex concejal de la Agrupación Social Independiente (ASI) en el municipio, Joaquín Rabasco, estaba autorizado a utilizar la cuenta corriente de Fiestas y Festejos - de la Banca March- porque era el alcalde pedáneo de S'Arenal y, en ocasiones, debía de asumir unos gastos que después justificaba ante el Consistorio.

Así lo manifestó hoy durante la primera jornada del juicio oral que se celebrará hasta el próximo viernes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma, que juzga a Tomàs por los delitos de negociaciones prohibidas y fraude de fondos públicos.

La sala también juzga a Rabasco a quien se le acusa por delitos de presunto fraude de fondos públicos por valor de más de un millón de euros de las arcas municipales a empresas ligadas al ex edil -cuanto era concejal del Ayuntamiento-.

En respuesta a preguntas del fiscal, Joan Carrau, el primer edil de Llucmajor ha asegurado que desconocía que el ex concejal tuviera relación con la sociedad Majo Sport, de la que fue nombrado apoderado de la misma, habiendo incurrido con ello en una supuesta incompatibilidad de funciones.

Asimismo, ante las numerosas preguntas del Ministerio Fiscal referentes al pago de diversas facturas, Tomàs negó sistemáticamente que se hubiera producido una "duplicidad" de facturas por la contratación de espectáculos a la red de sociedades que, según el escrito de la acusación, el ex regidor designó.

COMPARECENCIA DE RABASCO

Por su parte Rabasco, que se ha negado a contestar a las preguntas del fiscal, negó estar autorizado a pagar con fondos municipales la contratación de festejos, aunque sí admitió que tenía acceso a una "caja fija" para pagos puntales.

Al respecto, justificó su firma en pagos de actos festivos que tuvieron lugar en el Arenal, la compra de 930 kilos de caramelos 'tradicionales' y otros 932 kilos de 'sugus', como la mera conformidad de unos hechos o actuaciones, ya que, remarcó, la responsable de realizar dichos pagos era la antigua concejala de Fiestas en el Ayuntamiento de Llucmajor, Antònia Sunyer. RABASCO PRESTÓ 90.000 EUROS A ALMAO

Asimismo, también está imputada la amiga de Rabasco y ex secretaria y ex administrativa de ASI, María del Amor Aldao, a quien se le atribuyen las mismas faltas que al ex concejal aunque con una pena de diez años. Al igual que Rabasco, Aldao se negó a responder al Ministerio Fiscal y sólo contestó a preguntas de su abogado, Eduardo Valdivia.

Durante su declaración, negó haber sido objeto de una 'mordida' o soborno por parte de Rabasco para contratar determinadas actuaciones, si bien, admitió que pidió cerca de 90.000 euros al ex edil, una cantidad que le devolvió íntegramente al cabo de un mes, aseguró.

Almao explicó que al no poder asumir los pagos pendientes durantes unas fiestas, debido a que superaban su presupuesto, recurrió a Rabasco a quien le pidió dicho préstamo. Según precisó, la concesión del préstamo se produjo en en junio y julio del año 2001, una cantidad que devolvió en agosto de ese mismo año, una vez que el consistorio le pago por los servicios de fiestas prestados.

ACUSACIÓN PARTICULAR

La acusación postula que, entre 1999 y 2002, Tomàs permitió y auspició el envío de más de un millón de euros de las arcas municipales a empresas ligadas al ex edil.

En concreto, Rabasco está acusado de los delitos de negociaciones prohibidas, cohecho, fraude a la administración y alzamiento de bienes, por los que la Fiscalía solicita 12 años de prisión, mientras que para Tomàs pide diez años menos por negociaciones prohibidas y fraude.

El juicio comenzó pasadas las 10:30 horas con la intervención del abogado defensor de Thomàs, Rafael Perera, quien presentó tres nuevas pruebas documentales consistentes en unos informes sobre lo que determinan los fiscales y la acusación particular, representada por el abogado y diputado socialista Antoni Diéguez.

Además, aportó un listado de facturas del Ayuntamiento de los años 2000, 2001 y 2002 de empresas de espectáculos distintas a las que se refiere el fiscal y la acusación particular.