Andratx.- La Audiencia Provincial celebra el juicio por la construcción ilegal del restaurante del hermano de Hidalgo

Actualizado: lunes, 27 octubre 2008 12:17

La Fiscalía solicita seis años y medio de prisión para Juan Carlos Hidalgo y ocho tanto para el ex alcalde como para Jaume Massot

PALMA DE MALLORCA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, su hermano Juan Carlos y el ex jefe del área de Urbanismo del municipio mallorquín, Jaume Massot, comparecerán mañana, miércoles y jueves, a partir de las 10.00 horas, ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma en el marco del segundo juicio oral del caso Andratx que tendrá lugar por la pieza número 32, que corresponde a la construcción presuntamente ilegal de un restaurante por parte de Juan Carlos Hidalgo en un Área Natural de Especial Interés (ANEI).

La acusación postula que el hermano del ex primer edil obtuvo licencia de obra en 2001 para la construcción del establecimiento -ubicado en la Avenida Gabriel Alomar Roca del Port d'Andratx y al que denominó Ses Veles- a partir de una vivienda existente en la finca, pese a estar emplazada en una zona protegida. Para ello, Massot fue convencido por los dos hermanos, aprovechando el cargo que entonces ostentaba, para iniciar las acciones administrativas necesarias y elaborar documentos oficiales que falseasen la calificación del suelo.

En concreto, los delitos que pesan sobre Massot son los de falsedad y prevaricación urbanística, mientras que a los dos hermanos se les atribuye el delito de inducción de las anteriores acusaciones, al tiempo que a Juan Carlos Hidalgo también se le considera autor de un delito contra la ordenación del territorio.

En cuanto a las penas, la Fiscalía solicita seis años y medio de prisión para Juan Carlos Hidalgo, además del pago de 188.000 euros en concepto de varias multas (de esta cantidad, 51.000 euros por la demolición de las obras). Asimismo, el ex alcalde se enfrenta a ocho años de cárcel y al pago de 97.000 euros por el delito de falsedad, a la vez que para Massot se piden también ocho años de prisión así como el abono de 97.000 euros por el mismo delito.

Tal y como explica el escrito de acusación, Juan Carlos Hidalgo adquirió en 1999 la parcela donde posteriormente edificaría el restaurante a partir de una vivienda de planta baja y un piso anterior a 1950. La finca, de 1.138 metros cuadrados, estaba clasificada como ANEI desde 1991 por la Ley de Espacios Naturales de Baleares y en ella era imposible, por tanto, autorizar legalmente la construcción, ampliación o ejecutar obras tendentes a posibilitar el cambio de uso de vivienda para la actividad de restaurante.

No obstante, el acusado, consciente de la calificación de suelo rústico, decidió efectuar las obras, construcciones y reformas necesarias para cambiar el uso, al tiempo que sobre las parcelas colindantes transformó una zona húmeda mediante el vertido de grava y tierra en parking, jardín y terrazas, procediendo al cierre del aparcamiento con materiales y técnicas no permitidas.

DOCUMENTOS FALSOS

En este contexto y con pleno conocimiento de la calificación del suelo, Massot elaboró varios documentos oficiales donde aseveraba que se trataba de suelo urbano, se indicaba que el uso de bar, cafetería y restaurante era un uso permitido por la normativa urbanística aplicable a ese terreno y se apuntaba que era un suelo urbano con calificación de Zona General Turístico Residencial, pese a que en las Normas Subsidiarias aprobadas por el Consistorio establecían que esos terrenos eran ANEI.

En el caso de Eugenio Hidalgo, que entonces era concejal delegado de Urbanismo, éste tenía pleno conocimiento, según defiende el Ministerio Público en su escrito, de las circunstancias que rodeaban a la adquisición del inmueble. Cabe destacar que el ex alcalde, tras conocer la adquisición y el precio pagado por el terreno, pretendía que figurase a su nombre y recomendó a Massot, además, que "mirara con lupa" la licencia que solicitaba su hermano y socio en la empresa EUCAR. Finalmente, fue el 16 de febrero de 2001 cuando la comisión de gobierno otorgó la licencia de obra mayor.

No obstante, tal y como relata la Fiscalía, el mismo día que Massot había informado favorablemente de la licencia (14 de febrero), Juan Carlos Hidalgo, "al no tener definido en la actualidad el uso al que quiero destinar el edificio", renunció a la solicitud de cambio de uso a restaurante y solicitó únicamente licencia de obra, además de otro permiso de instalación y apertura de restaurante, que fue otorgado el 5 de mayo.

DENUNCIAS CONTRA LAS OBRAS

Posteriormente, tras las diversas denuncias que se produjeron contra las obras realizadas -desde la Conselleria de Medio Ambiente y el Consell de Mallorca, entre otros- y con el objetivo de paralizar los expedientes sancionadores y legalizar la totalidad de usos llevados a cabo, Juan Carlos Hidalgo formuló el 2 de noviembre la solicitud de licencia para la reforma, ampliación y demolición (184/01) del edificio destinado al restaurante, de modo que este expediente sirvió para evitar las consecuencias de las denuncias producidas.

En concreto, Massot impidió que el Consell se subrogase las competencias de disciplina urbanística al justificar que se encontraba en tramitación la licencia 184/01 y que su otorgamiento implicaría la legalización ya que conlleva la demolición de las áreas objeto de presunta infracción urbanística. Por ello, la tramitación de este expediente evitaba que la administración ordenara que se demoliese lo construido y se impidiese el uso de restaurante, por lo que se mantuvo inconcluso y en tramitación como medida para mantener las obras y usos dados al inmueble.

Mientras tanto, la solicitud de final de obra que formuló Juan Carlos Hidalgo el 24 de mayo no fue atendida y en consecuencia no se otorgó el final de obras, lo que ha impedido el funcionamiento normal del restaurante desde 2001.

Ésta es la segunda pieza que ha quedado vista para la celebración de juicio en la Audiencia y forma parte de las 67 totales en las que se divide el sumario del caso, que dará lugar a numerosos juicios que previsiblemente se prolongarán durante varios años, ya que la Audiencia descartó la celebración de un macrojuicio por la causa, que permanece abierta desde noviembre de 2006.