El Parlament rechaza tres enmiendas de UM, que pedían que no se creara la Comisión de Publicidad Institucional de Baleares
PALMA DE MALLORCA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprobado por asentimiento de todos los grupos la mayoría de puntos de la Ley de Publicidad Institucional (a excepción de los artículos 9 y 10 y la Disposición final segunda, que contó con el rechazo de UM), mediante la cual se impedirá la "propaganda política y partidista" por parte de las administraciones públicas, según ha recalcado la portavoz del Govern, Joana Barceló.
Durante el debate, todos los grupos han rechazado tres enmiendas de UM, en las que los regionalistas solicitaban que no se creara la Comisión de Publicidad Institucional de Baleares, al considerar que en plena crisis económica, hay que "estrecharse el cinturón" y evitar la constitución de nuevas estructuras administrativas.
Así, el resto de grupos defendieron la creación de esta Comisión, que será la encargada de vigilar que se cumplen los requisitos y principios de la citada Ley, de forma que anualmente, presentará un informe anual ante el Parlament de la actividad de publicidad institucional.
Este órgano estará compuesto por el Govern, los Consells Insulares, los Ayuntamientos, el Colegio Oficial de Publicitarios y Relaciones Públicas de Baleares y personas de reconocido prestigio profesional o académico, procedentes de cada una de las islas, que serán elegidos por la Cámara por mayoría absoluta.
Por su parte, el portavoz de UM, Josep Melià, proponía que, en lugar de crearse esta Comisión, que supondrá un gasto a las arcas públicas, fueran las propias instituciones las que anualmente, elaboraran una memoria anual de sus actividades de publicidad institucional, que, posteriormente, fuese aprobada por los órganos de gobierno correspondientes de cada administración. En el caso de los Ayuntamientos, planteaba que esta medida sólo fuese aplicable a los municipios de más de 50.000 habitantes.
Barceló ha recalcado que los objetivos de esta normativa, que se aprueba en cumplimiento al Estatuto de Autonomía de Baleares, son "promover la difusión de los valores constitucionales y estatutarios; informar a los ciudadanos de cuáles son sus derechos y deberes; dar a conocer los programas, servicios y actuaciones públicas; informar del contenido de las disposiciones normativas y actas que por su relevancia así lo aconsejen; entre otros puntos.
Asimismo, esta normativa regula el límite presupuestario que puede destinar una administración a la publicidad institucional, al tiempo que establece que no se podrá pagar las campañas a precios superiores a la media del mercado.
"MÁXIMA EFICIENCIA"
Barceló ha remarcado que esta Ley pretende lograr la "máxima eficiencia" en la publicidad institucional, de forma que esté justificada "en sus contenidos, los medios y canales que se utilicen y el dinero que se invierta, con el convencimiento de que la publicidad sólo puede ser entendida como un servicio a la ciudadanía".
"Hay que evitar que la publicidad institucional pueda ser usada de forma encubierta como propaganda política o partidista o que discrimine a unos u otros medios de comunicación", ha concluido la portavoz del Ejecutivo autonómico.
Melià ha aseverado que su grupo está "básicamente" de acuerdo con los principios y pretensiones de esta Ley, si bien ha estimado que "lo más sensato" sería no crear más estructuras administrativas, en relación a la citada Comisión, si bien el resto de grupos han defendido la constitución de este órgano, ya que, a su juicio, no supondrá un excesivo gasto para las arcas públicas.
Así, han recordado que el artículo 9 de la Ley señala que los miembros de la Comisión de Publicidad Institucional tienen derecho a percibir, como única compensación a su trabajo, las dietas por asistencia a las reuniones y otros gastos reembolsables de acuerdo a los límites que establece la normativa aplicable en esta materia.
En este sentido, el parlamentario del PSIB Ernest Ribalaiga ha manifestado que las enmiendas de UM "no son compatibles con el espíritu de la Ley", al tiempo que ha recalcado que la citada Comisión "no es una propuesta exagerada, sino muy mesurada, dado que sus integrantes no tendrán dedicación exclusiva a este órgano".
Además, ha añadido que esta entidad no tendrá un carácter "oneroso, sino que debe ayudar a dar transparencia", mientras que ha subrayado que la Ley evitará el "abuso de la publicidad institucional en todo el sector público de Baleares, incluida la UIB".
En similares términos se ha expresado el diputado 'popular' Antoni Serra, quien ha defendido la creación de la Comisión, si bien ha lamentado que no se produjera antes el consenso entre los grupos para aprobar esta Ley, tal como propuso su formación el 10 de octubre de 2008 a través de una iniciativa que instaba al Govern a que regulara la publicidad institucional en un periodo de ocho meses.
Si se hubiese logrado un acuerdo, ha destacado que esta normativa sería aplicable al actual Govern y no al futuro Ejecutivo y, en esta línea, ha apuntado que se hubieran evitado algunas campañas publicitarias, entre las que ha citado aquélla que, bajo el título '1.061 millones' hacía referencia a todas las inversiones que se habían llevado a cabo en las islas, y que costó 120.000 euros.
Serra ha mostrado su confianza en que esta normativa ayudará a "regular la publicidad institucional, de forma que ya no se pagará a un precio superior a la media del mercado, tal como, desgraciadamente, ocurría en muchos casos".
LA LEY QUEDARÍA "VACÍA DE CONTENIDO"
Por su parte, el parlamentario del Bloc Miquel Ángel Llauger ha manifestado que la propuesta de UM dejaría "vacía de contenido" la Ley, dado que la citada Comisión será el "principal órgano", que garantizará el cumplimiento de la normativa y podrá exigir el cese de una campaña, en caso de que considere que incumple los preceptos de la norma.
"Si se eliminara la Comisión, la Ley sería, simplemente, una declaración de buenas intenciones", ha aseverado, a la vez que ha recordado que los integrantes de este órgano recibirán únicamente un régimen de dietas que han sido "muy racionalizadas".
Finalmente, la diputada del Grupo Mixto Esperança Marí también ha mostrado su rechazo a la propuesta de los uemitas, dado que, en su opinión, "disminuye el papel de este Parlament, por lo que no es adecuada a la transparencia y a la gobernanza".
