Deriva de un decreto con el se introducen modificaciones puntuales en normativa muy variada de Baleares
PALMA, 24 (EUROPA PRESS)
El pleno del Parlament balear ha aprobado este martes el Proyecto de ley que deriva del Decreto ley 9/2021, de 23 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa. Esta normativa, entre otras cuestiones, modifica la Ley de ordenación farmacéutica y regula la declaración responsable para obras.
Se trata de un decreto, validado el pasado mes de febrero por el Parlament, con el se introducen modificaciones puntuales en normativa muy variada, tocando ámbitos como las Cámaras de Comercio, las salas de juego, farmacias o la financiación de los agentes sociales.
Dado que el decreto se aprobó en Consell de Govern en diciembre de 2021, se trata de una normativa que establece sanciones de 3.000 a 600.000 euros a quienes incumplan la obligación de solicitar el certificado COVID-19 en Baleares. Un aspecto que no tiene vigencia en la actualidad, pero que era un requisito en las Islas hace tan sólo unos meses.
En cuanto a otros aspectos del decreto, incluye una modificación legal para garantizar financiación específica para las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunidad Autónoma. Asimismo, en cuanto a las cámaras de comercio, se introduce una consignación anual en el presupuesto autonómico para financiar sus gastos estructurales y de servicios que prestan.
Igualmente el texto incluye una regulación de la declaración responsable aprobada para agilizar la tramitación de obras, ya que expiraba al finalizar el año 2021. Ahora se ha acordado una nueva figura de declaración responsable hasta el 31 de diciembre de 2025, ligada a la ejecución de obras susceptibles de ser financiadas con fondos de recuperación, como obras de eficiencia energética, por ejemplo.
Por otra parte, el decreto aclara la normativa sobre la bonificación del transporte marítimo interinsular para los residentes baleares, ya que se pueden acumular las bonificaciones de residencia a otros descuentos --como el de familia numerosa-- siempre que no se supere el 100% de la tarifa.
El decreto también modifica la ley de ordenación farmacéutica, de manera que cuando un titular de una oficina de farmacia la cierre --o no haya podido abrir al anularse una adjudicación--, tendrá 15 días para solicitar una de las farmacias vacantes que consten en el catálogo.
Por último, de forma cautelar el Govern utilizará una suspensión transitoria de la concesión de nuevas autorizaciones para abrir locales de juego hasta la aprobación y entrada en vigor de la modificación de la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y apuestas en Baleares, y del resto de disposiciones reglamentarias. Esto implica la suspensión de la vigencia de varios artículos.
La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha sido la encargada de defender esta normativa ante el pleno del Parlament este martes. Cabe señalar que se han rechazado las enmiendas presentadas por El PI, Vox, PP y Ciudadanos.
CRÍTICAS A LA CANTIDAD DE MODIFICACIONES DE LEYES
La diputada de El PI-Proposta per les Illes Balears Maria Antònia Sureda ha reiterado que esta normativa "es un tutti fruti con muchos temas diferentes sin una extraordinaria ni urgente necesidad", a excepción de lo relacionado con el régimen sancionador frente a la COVID-19.
Desde el Grupo Vox-Actúa Baleares, la diputada Idoia Ribas ha considerado que esta normativa "desprecia la Constitución Española", prevé "sanciones desproporcionadas" y "compromete los presupuestos públicos para destinarlos a sindicatos y a patronales". Según Ribas, este decreto recoge "medidas autoritarias" acogiéndose a la pandemia de la COVID-19.
Por su parte, el diputado 'popular' Juan Manuel Lafuente ha censurado que es un texto que "tiene la función de solucionar problemas del Govern y de la administración, pero no de los ciudadanos". "Las tramitaciones de los decretos ley deberían servir para consensuar en el Parlament", ha lamentado Lafuente sobre el rechazo de los grupos del Govern a las enmiendas del PP.
Al igual que otros grupos de la oposición, el diputado de Cs Jesús Méndez ha criticado que este decreto ley "es un cajón de sastre" con modificaciones de normativas de las Islas muy diversas.
Por su parte, el diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha censurado que la regulación de la declaración responsable se haga de forma "parcial e inconexa" a través de decretos ley que después se incorporan al ordenamiento jurídico. Por ello, el Grupo Mixto ha presentado una enmienda de supresión sobre este punto.
Desde Unidas Podemos, la diputada de la formación y la vicepresidenta del Parlament, Gloria Santiago, ha destacado que "este decreto otorga certezas a las organizaciones sindicales y empresariales". También ha resaltado que el texto incluye el mantenimiento de la moratoria para otorgar licencias para nuevas salas de juego que puso en marcha la Vicepresidencia de Transición Energética.
La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha mostrado el apoyo de su grupo al decreto y ha detallado que se trata de un texto que sobre todo se aprobó para aumentar la seguridad sanitaria, pero también para "promover seguridad jurídica en otras normas".
Finalmente, la diputada del PSIB Pilar Sansó ha indicado que este Proyecto de Ley "da soluciones administrativas a diferentes normativas sectoriales de las Islas". "Da soluciones a organismos y sectores y a la ciudadanía en general", ha señalado Sansó sobre las críticas del Grupo Popular a este texto.
