PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los juzgados de Baleares cerraron 2006 con un total de 68.412 asuntos pendientes, un 20,15 por ciento más que al final de 2005, según recoge la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) presentada hoy por su presidente, Antoni Terrassa, ante el presidente del Parlament, Pere Rotger.
En rueda de prensa posterior, Terrassa destacó que del total de asuntos pendientes, la jurisdicción de lo penal es la que más causas mantiene en lista de espera (35.701) y la que más incrementa esta cifra de casos pendientes (30,68 por ciento más que en 2005), seguida en números absolutos de la jurisdicción civil (27.166 casos y un incremento del 12,67 por ciento).
Los juzgados de lo contencioso-administrativo son los únicos que han visto reducido su número de pendientes (-9,3 por ciento), situándose en los 3.599, mientras que la jurisdicción social es la que menos trabajo acumulado tiene, con 1.946 causas pendientes, si bien fue la segunda que más vio aumentar sus casos en espera de ser vistos (+26,45 por ciento).
"No somos capaces, pese a los grandes esfuerzos realizados, de absorber la creciente carga de trabajo que se nos presenta como consecuencia de la diferencia entre población censada y población real. Ambas cifras no se corresponden ni de cerca", dijo. Según señaló, Baleares ha pasado de ser la tercera Autonomía con más jueces en proporción a su población a ser la cuarta región en este ránking, atendiendo las cifras oficiales.
Sin embargo, subrayó la contradicción que existe entre el elevado número de jueces por cada 100.000 habitantes que hay en Baleares (11,19) y la también elevada tasa de litigiosidad (cantidad de asuntos judiciales por cada 10.000 habitantes), situada actualmente en 295,71 casos, a la cabeza de todas las Comunidades Autónomas y muy por encima de la media estatal (175,11).
EL PESO DE LA POBLACIÓN FLOTANTE Y DE LA INMIGRACIÓN
Estas cifras son consecuencia, apuntó, del hecho de que las estadísticas no contemplan factores como "la población flotante inherente al sector turístico, el fenómeno más reciente de la inmigración y la multiinsularidad".
En cuanto al lapso de tardanza del proceso, la memoria señala como situación más acuciante la existente en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, que soportan una espera media superior a los dos años, siendo de más de nueve meses para los Juzgados de lo Civil, algo menor a los dos meses y medio para los de lo Social y superior a los dos meses y medio en el caso de las causas penales.
El presidente del TSJIB destacó como realidades más preocupantes la del Juzgado de lo Mercantil de Palma, de competencia sobre toda la Comunidad, y recalcó la necesidad de disponer un nuevo juzgado durante el presente año. "Tiene una carga de trabajo muy superior a lo que le corresponde. Esta el la prioridad más urgente", insistió.
Asimismo, se refirió a la saturación del Juzgado de Ejecución de las sentencias penales número 8 de Palma, que no es capaz de dar cumplimiento a las penas dictadas, lo que provoca, en algunos casos, que las condenas más leves, con un plazo máximo de ejecución de la sentencia menos amplio, lleguen a prescribir.
También destacó la necesidad de más jueces en casi la totalidad de los órganos judiciales de la Comunidad y mencionó, a título de ejemplo, la carencia de seis magistrados más de primera instancia en Palma. Este órgano acumula un total de 14.131 asuntos pendientes, mientras que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de lo Penal tienen en espera 17.299 asuntos y los Juzgados de Instrucción de lo Penal muestran un acumulado de 12.804 casos.
