PALMA DE MALLORCA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este jueves, a partir de las 10.00 horas, al exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils y a otros seis acusados por un presunto desvío de hasta 176.125 euros públicos mediante subvenciones irregulares y encargos de trabajos ficticios. Los hechos se enmarcan en la pieza número dos del denominado caso Voltor.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción reclama seis años de cárcel para Buils -quien en la actualidad cumple condena en prisión por otras causas de corrupción- por malversación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. Mientras tanto, el resto de procesados, vinculados a la Fundación Coint y al Centre Balears Europa (CBE), se enfrentan a peticiones de entre tres años y medio y seis años de privación de libertad por los mismos delitos.
El Ministerio Público sostiene que tanto Buils como el exdirector general de Planificación y Ordenación Turística Santiago Balaguer, ambos integrantes de Unió Mallorquina (UM), se pusieron de acuerdo para, de manera arbitraria, beneficiar con fondos públicos procedentes del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) a la vicepresidenta de la Fundación Coint y técnica del CBE María Dolores Ordóñez.
Para ello, postula el escrito de calificación, dieron las órdenes e instrucciones precisas al personal del Inestur para que prepararan y redactaran un convenio entre esta empresa y Coint para la implementación de una estación náutica por un importe de 140.000 euros con cargo al presupuesto de 2007. El acuerdo fue suscrito el 17 de julio de ese año.
Los acusados querían aprovechar el hecho de que el Inestur ya había suscrito en 2004 un convenio con el CBE para la asistencia técnica en el proyecto europeo Nautismed, del que era responsable otra de las acusadas, Tayne Butler, cuñada de Ordóñez. La pretensión de los inculpados pasaba así por beneficiarse de los fondos públicos que el CBE iba a encomendar al Inestur por este proyecto.
La Fundación Coint se había constituido en abril de 2006 por Ordóñez y Giovanni Colucci (en busca y captura) con domicilio en una vivienda titularidad del padre de la primera y de los acusados Javier y Enrique Ordóñez, y bajo la presidencia de Betina Giner, también procesada.
Apenas dos meses y medio después de la firma del nuevo convenio y sin haber realizado las tareas a las que Coint estaba obligada, ésta presentó ante el Inestur dos facturas por importe de 70.000 euros cada una, que le fueron abonadas el 1 de noviembre de 2007 después de que Buils y Balaguer ordenaran al gerente de la empresa pública Antonio Oliver que procediera a su pago puesto que "todo estaba en orden y los trabajos estaban hechos".
Del mismo modo, añade la Fiscalía, Dolores Ordóñez y Tayne Butler encargaron trabajos ficticios, relativos a proyectos del CBE en los que intervenían como técnicas, a empresas por ella participadas o vinculadas a su entorno familiar. Ello a pesar de que estos servicios ya los realizaba el personal del CBE por lo que, según Anticorrupción, carecía de sentido que se pagase por una labor ya prestada por empleados públicos.
En concreto, el Inestur abonó 5.267 euros por el denominado proyecto 'Damage'; otros 5.000 por la misma iniciativa; 519 por el proyecto 'Trend' para la 'traducción y certificación de subproyectos'; 1.032 y 305 euros por 'Nurmedit' por el concepto de 'traducciones'; 6.000 por 'Development', y otros 6.000 y 12.000 euros para el proyecto 'Obsind'.
La acusación pública recalca cómo Ordóñez y Butler intervinieron en los hechos a sabiendas de la expresa prohibición de que el personal dependiente de una Administración o de las empresas a él vinculadas contratasen con el organismo o entidad para la que prestaran sus servicios.
CONDENAS QUE PESAN SOBRE BUILS
Se da la circunstancia de que esta es la tercera vez en un mes que Buils se sentará en el banquillo, en el primer caso por beneficiar con fondos públicos a un periodista a cambio de que éste redactase artículos en los que favorecer su imagen pública y política (por lo que aceptó un año de cárcel), y la segunda por abrir una cuenta en Banif, controlada por otro acusado y él, para transferir en ella hasta 1,2 millones de euros públicos a fin de que éstos generasen intereses en negro a favor de UM (aceptó nueve meses de prisión).
Sin embargo, la principal pena le fue impuesta en 2012, al ser condenado a tres años de cárcel por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, también por el caso Voltor, por gratificar con 15.000 euros al exalcalde de Sóller y empresario Antoni Arbona, a quien favoreció con dos expedientes de contratación creados 'ad hoc' desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) para beneficiarle.
Asimismo, aceptó en el marco de otra causa seis meses de cárcel por favorecer a la empresa Bitácora.
Cabe recordar que el estallido del caso Voltor, en febrero de 2010, llevó al entonces presidente del Govern, Francesc Antich (PSIB), en medio de una crisis sin precedentes en el Ejecutivo balear, a expulsar a todos los cargos ejecutivos de UM de las principales instituciones de las islas. Se rompía así el pacto de gobernabilidad firmado con la formación 'uemita' en 2007.
Un año después, en febrero de 2011, el partido regionalista se disolvió acuciado por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas.
