PALMA DE MALLORCA 6 May. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Obras Públicas y Vivienda, Jaume Carbonero, anunció hoy que el Govern presentará un recurso de casación a la sentencia de la Audiencia Nacional según la cual el Ejecutivo tiene derecho a renegociar en el marco de una comisión bilateral con el Estado la partida de 333 millones de euros de los convenios de carreteras de 1998 y 2004.
Así lo afirmó hoy el conseller en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la ex consellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, la cual calificó de "varapalo jurídico monumental" para el Gobierno central el fallo de la audiencia. Sin embargo, Carbonero precisó que la sentencia dice que, si bien la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, resolvió incorrectamente el convenio, al hacerlo de forma unilateral, subrayó que la sentencia "no estima" la parte económica- los 333 millones de euros-
Por ello, afirmó que a esta parte no estimada todavía caben recursos tanto por parte del Estado como por la Comunidad Autónoma. Por ahora, indicó que el Govern estudia presentar un recuso de casación para intentar que los tribunales reconozcan el derecho de Balares a percibir los 333 millones de euros.
Una posibilidad a la que también hizo referencia el presiente del Govern, Francesc Antich, quien dijo se está valorando interponer un recurso de casación para que se acepte la parte de la demanda que ha sido desestimada. Al mismo tiempo, remarcó que el Govern está negociando con el Estado para intentar llegar a una vía de acuerdo que permita recuperar la partida pendiente.
Antich recordó que desde el primer momento el PSOE apoyó el recurso presentado por el Govern de Jaume Matas contra el Estado, y prueba de ella es que el actual Ejecutivo no lo retiró aún yendo en contra de la administración socialista.
Por su parte, la presidenta del PP y diputada, Rosa Estaràs, durante su intervención, aseveró que si el recurso de casación sirve para recuperar la partida pendiente, el Govern contará "con todo el apoyo del Grupo Popular", si bien remarcó que "dice mucho" del Gobierno central que Baleares tenga que acudir de nuevo a los tribunales, aún habiendo sintonía política con Madrid. "No es esto lo que se esperaba de un gobierno", remachó.
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