El Ayuntamiento de Eivissa emite su primera sanción administrativa en materia de prostitución

IBIZA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Eivissa ha interpuesto su primera sanción administrativa en materia de prostitución, según informó la Policía Local del municipio. Los implicados en los hechos son un hombre de nacionalidad rumana y una mujer de nacionalidad marroquí. La multa que deberán abonar es de 300 euros, es de carácter leve y recurrible, tal y como pudo saber Europa Press.

La mujer no ha sido detenida, el hombre sí, "pero no por dicha sanción, sino por la tasa de alcoholemia que ha dado a la prueba que se le ha practicado", apuntaron desde la Policía Local, ya que éste conducía un vehículo cuando fue detectado por los agentes. Posteriormente, quedó en libertad y se encuentra a la espera de la celebración de un juicio rápido.

La prostitución en la vía pública es un hecho punible, según concretaron desde el Consistorio, según se recoge en la nueva Ordenanza Cívica de la localidad que entró en vigor el pasado 1 de agosto. La pretensión de este documento es "regular muchos aspectos de la vida en la calle, y no exclusivamente el ofrecimiento o compra de servicios sexuales", matizaron.

El objetivo principal de esta Ordenanza Cívica, concretaron, es regular los usos de las vías públicas, en las cuáles convive toda la ciudadanía.

En este sentido, dicho texto establece una serie de sanciones tanto para quienes ofrecen servicios sexuales como para quienes los demandan, "siempre con el fin de no penalizar exclusivamente a las mujeres, que normalmente son las principales víctimas de la prostitución", apuntaron.

El Ayuntamiento de Eivissa presentó el pasado mes de enero los contenidos de su Ordenanza Cívica que regula, además, el consumo de alcohol en la vía pública, el uso de bicicletas, la mendicidad, las deposiciones de mascotas, o el comercio ambulante.

El primer teniente de alcalde del Consistorio, Vicent Ferrer, destacó que este documento se basa en la convivencia, el respeto muto y la tolerancia global a ámbitos tan dispares como el arte, la religión o la lengua y que busca que el ejecutivo ejerza de mediador en la regulación de actividades que puedan traducirse en cualquier tipo de conflicto. Medidas que se aplicarán, agregó, "no con fines coactivos" sino buscando una reducción del vandalismo y una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

Por ello matizó "las multas no siempre serán económicas" sino que vendrán, en muchos casos, impuestas por trabajos comunitarios "con el fin de buscar la concienciación de los infractores y la devolución al entorno del perjuicio causado". Se trata de que el uso de los espacios públicos con libertad "no coarte los derechos de la mayoría de los ciudadanos ni causa problemáticas de convivencia".

Con respecto a una de las secciones más polémicas del documento, la que se refiere a la utilización de espacios públicos para la oferta y demanda de servicios sexuales y la realización de este tipo de actos en lugares públicos la ordenanza destaca que, al tipificar estas acciones como infracción persigue "preservar a los menores de la exhibición de este tipo de hechos y evitar problemas en lugares de tránsito público".

Además, también busca luchar contra la explotación de determinados colectivos. De este modo el Artículo 31 de este documento establece la prohibición de ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, "directa o indirectamente", servicios sexuales en espacios públicos. El régimen de sanciones recoge, además, ofrecer atención asistencia a quienes lo precisen en este marco, aunque si las personas persisten "se les sancionará administrativamente", concreta el texto.