PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern ha autorizado la concertación del servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial para los años 2022-2025, por un importe de 964.605 euros por cuatro años.
De este modo, se pretende dar estabilidad a un servicio que hasta ahora era anual y prorrogable. Según ha explicado el portavoz del Govern, Iago Negueruela, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, este concierto garantiza una estructura de los servicios sociales en el ámbito judicial.
Este servicio suele atender a más de 1.000 usuarios al año. El valor estimado es orientativo y no vinculante, y el gasto real quedará limitado por la cobertura territorial en los partidos judiciales y los servicios finalmente requeridos por la Administración.
Este servicio atiende a personas encausadas o condenadas, a quienes se les informa y asesora de los recursos de la red comunitaria a su alcance, que realiza una intervención psicosocial y ayuda en trámites y gestiones con el fin de prevenir la reincidencia.
La atención social en los juzgados se centra en la persona que sufre un problema en el entorno judicial. Esto permite detectar, muy a menudo por primera vez, una gran cantidad de problemáticas sociales (drogodependencia, violencia familiar y de género, conflictos vecinales, salud mental, marginación...) que, a pesar de tener consecuencias judiciales, requieren una dimensión social, según la Conselleria.
La finalidad del servicio es atender a las personas implicadas en un procedimiento judicial penal o civil para facilitar su capacidad de afrontar las dificultades y problemas que esto supone; informar y asesorar sobre la problemática judicial y los recursos de la red comunitaria a su alcance, llevar a cabo una intervención psicosocial y ayudar en los trámites y gestiones con el fin de prevenir la reincidencia, normalizar su situación personal y facilitar su incorporación social.