Cerca de 1.000 personas se manifiestan en Palma contra el "golpe de Estado encubierto de la reforma constitucional"

PALMA DE MALLORCA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.000 personas, según los organizadores, se han manifestado esta tarde en Palma, convocadas por el Movimiento 15-M, en contra del "golpe de Estado encubierto" que, a su juicio, supone la reforma constitucional, acordada por el PSOE y el PP, sin convocar un referéndum y mediante la cual se pretende establecer una regla que garantice la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, tanto en relación con el déficit estructural como en la deuda, que vincularía a todas las administraciones públicas.

La marcha, a la que se han sumado los sindicatos UGT, CCOO, STEI, USO y CGT, y en la que también han participado los regidores del PSM-IV-ExM en el Ayuntamiento de Palma Antoni Verger y Antoni Noguera, se ha celebrado bajo varias pancartas en las que se podía leer 'La Constitución la cambia el pueblo. Referéndum Ya' y 'No somos mercancía en manos de políticos y banqueros'.

Además, la manifestación se ha parado ante las sedes del PSIB, el PP y la Delegación del Gobierno, donde se han coreado gritos, como 'No hay pan para tanto chorizo'; 'PSOE y PP, la misma mierda es'; 'No nos representan' y 'Hace falta ya una huelga general'.

La anécdota de la marcha ha sido cuando los manifestantes han llegado a la calle Palau Reial y han continuado casi hasta llegar a la Catedral pasándose por alto la sede del PP, por lo que al percatarse de ello, han vuelto hacia atrás. Tras concentrarse durante unos minutos, se han dirigido hacia la sede de la Delegación del Gobierno, donde han coreado gritos, como 'Manos arriba, esto es un atraco'.

Posteriormente, una integrante del Movimiento 15-M ha leído un manifiesto, mediante el cual ha advertido de que la reforma constitucional "dejaría indefenso al país en manos de los poderes financieros internacionales y tendría como consecuencia directa e inmediata el desmantelamiento de las garantías sociales, que son las bases de nuestra actual Constitución".

Así, ha señalado que limitar el déficit de un país en tiempos de crisis supondrá un "techo de gasto y, por tanto, limitar la capacidad de financiación del Estado y, con ello, principalmente los gastos sociales, desde las pensiones, la sanidad y la educación, hasta los transportes, el cuerpo de bomberos y el salario de los funcionarios".

Además, ha añadido que con el nuevo artículo 135 de la Constitución, cuando un municipio, Diputación, Comunidad o el Estado esté en una situación difícil, por tener muchas deudas y obligaciones de pago, además de ingresos, "cada euro que entre en tesorería tendrá que ir destinado a pagar la deuda e intereses, no pudiendo pagar sueldos, pensiones, prestaciones ni ningún tipo de gasto hasta que no haya cubierto totalmente dicho importe".

Por otra parte, ha recalcado que con el nuevo artículo, "en caso de un ataque especulativo o un cierre de mercados, ni pensionistas, ni trabajadores podrán cobrar y en determinados momentos, cuando los intereses de la deuda pública se disparen, no se podrá, en caso de suspensión de pagos, suspender los pagos de deuda pública y seguir pagando nóminas, prestaciones, servicios públicos y todo lo demás para que el Estado siga funcionando".

"PARALIZACIÓN INMEDIATA DEL ESTADO"

"Lo que se ha ordenado es la paralización inmediata del Estado en pro del pago a la banca, ya que estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación e incluso en el caso de tener superávit, en un momento de falta de liquidez, no se permitiría pagar nada hasta no haber liquidado la deuda", ha sentenciado.

Por tanto, ha considerado que la conclusión final del análisis del artículo 135 es que su aplicación "significa la abolición de la Constitución, ya que si el Estado no puede pagar absolutamente nada, ni negociar, ni mantener los servicios públicos, ni el país en funcionamiento, todos los demás artículos de la Constitución quedan en nada".

Esta manifestación ha tenido lugar dos días después de que la propuesta de reforma constitucional fuera tomada en consideración este martes en el Congreso de los Diputados con 318 votos a favor del PSOE, del PP y de UPN y 16 en contra de PNV, ERC-IU-ICV, BNG, UPyD y Nafarroa Bai, así como del ex sindicalista Antonio Gutiérrez, único diputado del Grupo Socialista que rompió la disciplina de voto.