Cerca de 6.500 personas piden la regularización en Baleares en las dos primeras semanas del proceso extraordinario

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6.485 personas han pedido la regularización en Baleares en las dos primeras semanas del proceso extraordinario, según el recuento de la Delegación del Gobierno, a través de la información de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX).

Según la información facilitada, de estos expedientes, un total de 5.575 corresponden a solicitudes de arraigo extraordinario, una vía de regularización para personas extranjeras en situación irregular que no han solicitado protección internacional, contemplada en la Disposición adicional 21 del Real Decreto 316/2026 que modifica el Reglamento de Extranjería.

El resto, en total 910 solicitudes, son expedientes de personas solicitantes de protección internacional cuyo caso está contemplado en la Disposición adicional 20 del mismo Real Decreto, que establece un proceso de regularización extraordinario para aquellas peticiones anteriores al 1 de enero de 2026 que no habían sido resueltas.

Además, la Oficina de Extranjería de Baleares ha resuelto desde el pasado 15 de abril el 21 por ciento de los casi 9.000 expedientes de petición de arraigo anteriores a este proceso de regularización extraordinario y que siguen su tramitación en paralelo.

La puesta en marcha de un plan especial, según han explicado, ha permitido agilizar dichos expedientes, de manera que otro 31 por ciento ya están en proceso de trámite.

Con ello, se conseguirá resolver antes del 15 junio todos los expedientes que estaban pendientes y en tramitación cuando entró en vigor el proceso extraordinario, y que en su mayoría se refieren a solicitudes de arraigo.

El secretario general de la Delegación del Gobierno, Rubén Castro, ha afirmado que "las cifras ponen de manifiesto que este proceso se desarrolla con completa normalidad, con rigor, gracias al trabajo y compromiso esenciales del personal de la Administración General del Estado y de la valiosa e indispensable cooperación de los y las profesionales del resto de administraciones y de las entidades colaboradoras".

"La respuesta que están dando los servicios públicos demuestra que es posible regularizar la situación de personas que ya llevan tiempo viviendo con nosotros, cuando no se instrumentalizan las instituciones públicas para torpedear procedimientos que son justos, legales y democráticos", ha remarcado Castro.