Comienza el proceso para recuperar la antigua prisión de Palma: controles de acceso, desalojo de 200 personas y tapiado

El Ayuntamiento cree que la situación podría enquistarse en un juzgado y no se aventura a determinar cuándo acabará el proceso    

   PALMA, 24 (EUROPA PRESS)

   El Ayuntamiento de Palma ha comenzado el proceso para desalojar a las cerca de 200 personas que ocupan de forma ilegal la antigua prisión de la ciudad.

    Lo ha anunciado el primer teniente de alcalde y regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal, Javier Bonet, en una rueda de prensa ofrecida este martes.

   La decisión, ha explicado Bonet, se ha adoptado después de que el pasado fin de semana se produjeran cuatro incendios en el interior del inmueble. En uno de ellos, los bomberos tuvieron que rescatar a varios moradores.

    El proceso para la recuperación de la antigua prisión, que es propiedad del Ayuntamiento de Palma, arrancará a las 07.00 horas de este miércoles.

    La Policía Local y los servicios sociales municipales, durante dos días, establecerán controles de acceso para identificar a los moradores de la antigua prisión y elaborar un nuevo censo actualizado. Los operativos, una vez finalizado el recuento, se mantendrán hasta que se ejecute el desalojo.

    De acuerdo con los datos del último censo disponible, unas 200 personas ocupan de forma ilegal la antigua prisión de Palma, aunque es una cifra que varía dependiendo del día.

    Entre ellos no se han identificado menores de edad y, según Bonet, algo más del 60% son personas que se encuentran en situación administrativa irregular.

    A todos ellos, ha afirmado el regidor, se les ha ofrecido toda la cartera de los servicios sociales municipales para encontrar una solución habitacional. Sin embargo, ha lamentado, solo han sido aceptados por una joven extutelada de 18 años.

    El siguiente paso para llevar a cabo el desalojo definitivo se tomará el próximo viernes, cuando se convocará una Junta de Gobierno extraordinaria para iniciar formalmente el proceso de recuperación posesoria del inmueble.

    Una vez el equipo de gobierno adopte este acuerdo, se hará entrega a los moradores de la antigua cárcel de las correspondientes notificaciones de desalojo.

   Estos dispondrán de un plazo de cinco días para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Finalizado este periodo, se dictará el acuerdo final que obligará a las personas que ocupan el edificio a desalojarlo en un máximo de cuatro días.

    En el caso de que no acaten la orden o se resistan, el caso pasará a manos de un juzgado. El primer teniente de alcalde ha afirmado que "seguramente" se de esta situación, por lo que los plazos para el desalojo se haga efectivo serán una incógnita.

   "La situación es muy delicada y la intención del Ayuntamiento es que mañana mismo pudiéramos cerrar la instalación, por seguridad. Pero nos topamos con la legalidad, que ampara según qué", ha dicho.

   Para que el desalojo se pudiera ejecutar ya, ha explicado, debería darse una situación de "riesgo inminente" que, aunque ha considerado que podría darse en el caso de que se produjeran nuevos incendios, todavía no se cumple.

LA ALTERNATIVA HABITACIONAL

    El mismo viernes el Ayuntamiento convocará una Junta Local de Seguridad, en la que estará presente la Policía Local, la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno en Baleares y los servicios sociales municipales.

    En la reunión se informará de la puesta en marcha del proceso de desalojo y se instará a la Delegación del Gobierno a actuar en el marco de sus competencias, que Bonet ha circunscrito a la atención de las personas que se encuentran en situación irregular, dado que estas no pueden acceder a los servicios sociales del Consistorio.

    Mientras se lleva a cabo el desalojo, ha indicado el regidor, se buscará la colaboración del Obispado de Mallorca, de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), de la Delegación del Gobierno e incluso del Ejército para tratar de encontrar una alternativa habitacional temporal para estas personas.

   "Estamos en la obligación, y así lo estamos haciendo, de ofrecer la cartera de los servicios sociales de la administración", que son básicamente unas noches en un hostal, ha señalado. "Haremos un llamamiento para que no tengan que dormir en la calle", ha añadido. 

    Los últimos pasos a dar serán la limpieza del recinto y su posterior tapiado para evitar nuevas ocupaciones mientras se licita las tareas de demolición.

    En el espacio que ahora ocupa la antigua prisión el Ayuntamiento tiene pensado llevar a cabo un proyecto residencial, mientras que el Consell de Mallorca construirá una rotonda.

UNA "URGENCIA FUNDAMENTADA"

   Bonet ha señalado que la decisión de iniciar el proceso de desalojo de la antigua cárcel, sobre el que se lleva hablando meses, se ha precipitado después de los incidentes ocurridos el pasado fin de semana.

    Entre el sábado y el domingo los Bomberos de Palma tuvieron que actuar en hasta cuatro ocasiones para sofocar unos incendios que, según el regidor, sospechan que podrían ser intencionados y fruto de disputas entre los diferentes grupos de personas que ocupan el inmueble.

   "Esta sucesión de incendios no son hechos aislados, sino que se vienen registrando con mucha frecuencia, lo que nos hace pensar que pudieran incluso ser provocados por los propios ocupantes derivados de disputas entre los distintos grupos", ha afirmado. 

   De forma paralela, ha explicado, a lo largo de los últimos meses se ha detectado un incremento de la conflictividad tanto en el interior del recinto como en las calles adyacentes que han provocado las quejas reiteradas de los vecinos. 

   Eso llevó al Ayuntamiento a reforzar la presencia policial en la zona y a establecer una patrulla permanente de la Policía Local en el perímetro de la antigua cárcel. 

   Además, el número de actuaciones tanto de los policías municipales como de los bomberos se ha disparado, alcanzado un total de 263 en lo que va de legislatura, unos dos años y medio. 

   De estas, ha asegurado el regidor, 143 se excedían de las competencias municipales en materia de seguridad y 71 tuvieron lugar en las calles adyacentes. 

   Bonet también ha dado cuenta de un cambio del perfil de las personas que ocupan el edificio, ya que en los últimos meses se ha identificado la presencia de grupos que han incrementado la conflictividad. Las fuerzas de seguridad, en este tiempo, han llevado a cabo algunas operaciones relacionadas con la prisión.