El Congreso da luz verde a la actualización del complemento de residencia para los empleados públicos en Baleares

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto-Ley que obliga al Gobierno a revisar en el plazo de seis meses las cuantías de la indemnización por residencia del personal público estatal destinado en las Islas Baleares, con el objetivo de adaptarlas al actual coste de la vida en el archipiélago y facilitar la cobertura de plazas en los servicios públicos.

La medida, que ha sido aprobada con los votos de todos los grupos excepto el de Vox y la abstención de Junts y PP, figura en el Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, que además regula la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas.

En concreto, la norma establece que el Ejecutivo revisará en un plazo máximo de seis meses las cuantías de esta indemnización, previa negociación colectiva con los representantes de los trabajadores, y aprobará una modificación para adaptarlas a la situación actual.

Asimismo, recoge expresamente que la actualización no podrá suponer una reducción de las cantidades que perciben actualmente los empleados públicos por este concepto.

El Gobierno justifica esta medida por el desajuste existente entre el coste efectivo de residir en Baleares y la compensación económica vigente, una situación que, según recoge el propio decreto, dificulta atraer y retener personal en la Administración General del Estado y compromete la prestación de servicios públicos esenciales en el archipiélago.

Según expone el texto, la insularidad, el elevado coste de la vivienda y de los bienes y servicios, así como las dificultades de movilidad, afectan a la capacidad de las administraciones para cubrir y estabilizar determinadas plazas, especialmente en sectores con alta rotación o que requieren una cualificación específica.

UNA MEDIDA "URGENTE"

Durante el debate, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido la actualización del complemento de residencia como una medida "urgente" para evitar que la Administración General del Estado siga perdiendo capacidad para cubrir plazas en Baleares por el elevado coste de la vida.

Frente a ello, el PP ha cargado contra el recurso del Gobierno a la norma para regular cuestiones relativas a la función pública y ha defendido la necesidad de una reforma integral negociada del sistema, centrando además parte de sus críticas en la actuación del Ejecutivo.