PALMA DE MALLORCA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Govern está preparando dos leyes para cumplir con la ley estatal de Transparencia y Buen Gobierno y así permitir que cualquier ciudadano se pueda dirigir a las administraciones públicas y solicitar documentación; y paralelamente, crear una oficina Anticorrupción con capacidad para investigar por iniciativa propia indicios de fraude.
Así lo ha anunciado el portavoz del Govern, Marc Pons, al inicio de la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, donde ha explicado que se trata, por un lado, de una ley para crear una Oficina de Lucha contra la Corrupción; y por otro lado, una modificación de la ley del Consell Consultiu para permitir que este órgano medie en caso de conflicto al solicitar documentación.
MODIFICACIÓN EN EL CONSELL CONSULTIU
La ley estatal de Transparencia y Buen Gobierno, que entra en vigor el próximo 12 de diciembre, prevé que cualquier ciudadano pueda solicitar información a las administraciones públicas, ya sean estatales, autonómicas o locales. Dado que Baleares no cuenta con organismos para mediar en caso de conflicto, y no cuenta con presupuesto para crearlos inmediatamente, el Govern ha optado por otorgar esta facultad al Consell Consultiu.
Como ha explicado la consellera de Participación, Transparencia y Cultura, Esperança Camps, con esto persiguen garantizar el acceso a la información: cuando el ciudadano solicite documentos a un órgano, podrá reclamar en el Consell Consultiu si la Administración se niega a entregar la información o si el solicitante no considera la respuesta satisfactoria.
Por ello, el Consell de Govern ha aprobado el borrador de anteproyecto de ley que modificará la Ley 5/2010 reguladora del Consell Consultiu, para atribuir la competencia de resolución de reclamaciones en materia de acceso a la información pública, con carácter temporal hasta que estas funciones pasen a un órgano independiente y específico.
Según ha señalado Marc Pons, esta solución les ha parecido "la más sencilla y menos costosa", y ha lamentado que el Govern anterior no dejara "preparado ningún camino" en este sentido.
OFICINA ANTICORRUPCIÓN
La Oficina de Lucha contra la Corrupción será un órgano dependiente del Parlament, cuyo director será nombrado por la Cámara autonómica. También se está contemplando la inclusión de un director adjunto.
La ley para crear este organismo todavía se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo y de momento sólo se ha informado del contenido que se plantea.
Como ha detallado la consellera Camps, esta oficina podrá investigar por iniciativa propia los indicios de fraude en la administración pública, y permitirá a los funcionarios denunciar sospechas de casos de irregularidades o alertar sobre posibles conductas irregulares.
Por otro lado, gestionará el registro de declaraciones patrimoniales de todos los cargos públicos, que también podrán hacer, de forma voluntaria, sus parejas; y vigilará los incrementos de patrimonio que puedan ser irregulares.
También velará por el cumplimiento de los regímenes de incompatibilidad, dirimirá en casos de conflictos de intereses y trabajará para promover valores y principios de ética pública, impulsar buenas prácticas y ofrecer asesoramiento.
Para Camps, estas dos leyes "dan sentido" a la existencia en el Govern de la Conselleria de Participación y Transparencia, y suponen "un cambio de paradigma sin precedentes" en las relaciones entre los ciudadanos y la Administración.
Se prevé crear esta oficina durante la primera mitad de 2016. La medida está recogida en los acuerdos de gobernabilidad firmados por PSIB, MÉS y Podemos.
