Archivo - Embarcaciones amarradas en el Puerto de Ciutadella. - EUROPA PRESS - Archivo
PALMA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Mallorca ha considerado que la resolución del Gobierno que autoriza el alquiler turístico de embarcaciones de recreo privadas durante unos meses al año "amenaza la convivencia " entre turistas y residentes y socava los esfuerzos por conseguir una gestión turística sostenible.
Es por ello que la institución insular, en un comunicado, ha manifestado su más profundo rechazo y ha exigido la retirada inmediata de la resolución que permite esta posibilidad, publicada esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La decisión del Gobierno "opera fuera del radar de la administración competente en turismo" --que es el propio Consell-- y "evidencia una grave falta de previsión, ya que esta nueva bolsa de oferta turística náutica no fue considerada en los análisis previos de presión turística".
"Supone un retroceso en las medidas que se están implantando y afecta directamente a la capacidad de carga de las islas", ha dicho el conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez.
Este tipo de anuncios unilaterales, ha añadido el Consell, "provoca una situación de tensión innecesaria" entre la sociedad mallorquina, que ha percibido cómo "los esfuerzos por contener la masificación son invalidados por administraciones superiores que ignoran la realidad local".
Este hecho, siempre de acuerdo con la institución insular, vendría a demostrar la necesidad "imperativa" de que los estudios sobre la capacidad de carga en territorios insulares deben incluir el impacto sobre el litoral y no solo por plazas hoteleras o número de visitantes.
"Desde Mallorca llevamos dos años luchando contra la oferta ilegal, opere en el campo que opere, lo que ha permitido lograr importantes avances. Medidas como esta suponen un retroceso a todo lo conseguido", ha lamentado Rodríguez.
El responsable del departamento de Turismo ha considerado que este tipo de medidas "van en la línea impulsada por los últimos gobiernos de izquierda en Mallorca, que durante ocho años fueron quienes crearon más de 90.000 plazas turísticas afectando gravemente la convivencia al provocar una proliferación descontrolada de oferta turística".
Por todo ello, el Consell de Mallorca ha reiterado su solicitud al Gobierno para que retire esta resolución y ha pedido que cualquier regulación futura que afecte al sector náutico o que tenga alguna incidencia sobre la capacidad de carga del territorio cuente con el consenso previo de las administraciones insulares y autonómicas, de modo que "un enfoque responsable que proteja el frágil equilibrio" esté garantizado.