Publicado 07/12/2016 14:46CET

El Consell de Mallorca incumple la obligación de comunicación de la información solicitada por la AIReF

PALMA DE MALLORCA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha incumplido la obligación de comunicación de la información solicitada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), según ha informado esta entidad en un comunicado en el que ha explicado que, ante la falta de ésta, ha utilizado la información proporcionada por el Gobierno, algo que "ha limitado" su análisis sobre la regla de gasto.

Según ha indicado la AIReF en un comunicado, ve "muy probable" que la institución insular cumpla con el objetivo de estabilidad en 2016 y 2017. El Consell estima que el superávit de 2016 se reducirá en relación al de 2015 en un 16 por ciento, "consecuencia de un incremento de los gastos del 13 por ciento que no es compensado por el aumento de los ingresos en un 9 por ciento".

AIReF señala que el Consell estima que el superávit de 2017 se reducirá respecto al del 2016 en un 25 por ciento, por un incremento de los gastos de un 8 por ciento que no es compensado por el aumento de los ingresos del 5 por ciento.

Además, el Consell prevé cumplir la regla de gasto de 2016 y estima alcanzar una ratio de deuda sobre ingresos corrientes consolidados del 27 por ciento en 2017. Esto supondría una reducción de 20 puntos porcentuales desde el 2010.

CORPORACIONES LOCALES

Por otra parte, en su informe sobre proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones públicas en 2017 referido a las corporaciones locales (CCLL), la AIReF considera "muy probable" que las corporaciones locales cumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2017, si bien registrarán un menor superávit, con un escenario central del 0,4% en 2017 y del 0,3% en 2018.

Si las corporaciones locales cumpliesen la regla de gasto, la AIReF estima que registrarían un superávit del 0,5% tanto este año como en 2017, según consta en el informe, en el que ha ampliado el ámbito subjetivo de análisis, tanto para el total del subsector CCLL como para 21 entidades individualmente consideradas: los 16 ayuntamientos mayores de 250.000 habitantes, tres diputaciones provinciales, un cabildo y un consejo insular.

La Autoridad Fiscal alerta de que los ayuntamientos tienen una "amplia holgura" en los objetivos de déficit y deuda pública, pero la Ley de Estabilidad Presupuestaria se aplica individualmente a cada entidad local y "no puede aceptarse una aplicación laxa de la ley amparándose en los buenos resultados del conjunto del subsector".

Además, cree que la aplicación de la regla de gasto consolidando los excesos de gasto del último año liquidado y la no continuidad de las medidas estatales de consolidación fiscal en materia de ingresos podrían reducir el superávit del subsector.

MADRID, BARCELONA Y CÓRDOBA NO CUMPLIRÁN LA REGLA DE GASTO.

Según la Autoridad Fiscal, el Ayuntamiento de Bilbao no cumplirá con el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2017, y advierte de que Madrid, Barcelona y Córdoba no cumplirán la regla de gasto en este 2016, algo sobre lo que hace hincapié por el temor al "efecto contagio" de otras grandes ciudades.

En cuanto al nivel de deuda del total del subsector, las estimaciones del organismo para 2017 auguran que el objetivo del 2,9% del PIB es "alcanzable" y estima que, de mantenerse la senda de crecimiento iniciada desde el año 2012, se alcanzaría el objetivo del 3% del PIB establecido para este año, coincidente con el fijado para 2020.

Sin embargo, matiza que un total de 789 ayuntamientos tienen un ratio de deuda/ingresos corrientes superiores al 75%, lo que implica que necesitan autorización para endeudarse y casi la mitad (377) no pueden endeudarse por superar el 110%.

De los 973 entes locales que debían presentar un Plan Económico Financiero (PEF) en 2015, solo la mitad lo han presentado, según el informe. El organismo presidido por José Luis Escrivá recomienda el establecimiento de un procedimiento o mecanismo legal que permita superar el bloqueo que pueda producirse en la tramitación de los PEF y considera que el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto deben reforzarse mutuamente.