Consumo aconseja a los ciudadanos que revisen las condiciones de los contratos eléctricos que firmen a partir de julio

PALMA DE MALLORCA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo del Govern aconsejó a los ciudadanos de las islas que revisen con "detenimiento" las "condiciones y precios" de los contratos de conexión a la red eléctrica que firmen a partir del próximo 1 julio, fecha en la que entrará en vigor la liberalización de esta actividad y, por lo tanto, se pasará a contar con una veintena de operadores que ofrecerán sus respectivos servicios.

A falta de un mes para ese importante cambio, y desconociendo todavía cuál será la cuota máxima que fijará el Estado, el departamento autonómico publicó la 'Guía útil para el contrato del consumo eléctrico', un tríptico que recoge consejos y derechos para los consumidores, que tiene una edición mucho más amplia y explicativa en la web de este servicio autonómico, y que se complementa con un teléfono de información gratuito, el 900 166 000.

Según expuso hoy el director general de Consumo, Diego González, en un encuentro con los medios de comunicación, los ciudadanos que contraten el servicio eléctrico deberán, ante todo, pedir una copia escrita del contrato, revisarlo y, en un plazo de siete días a partir de la aceptación del mismo, echarlo atrás --si fuese el caso--, porque después deben permanecer con esa compañía durante un año.

Por ese motivo, el responsable autonómico consideró que se deben "leer atentamente" todas las cláusulas del mismo, para comprobar que es legal en el nuevo entorno libre, frente al mercado regulado que se daba hasta ahora en esta actividad. A este respecto, recordó que la mayoría de las ofertas ofrecerán previsiblemente en torno a un 2% de rebaja respecto al precio máximo oficial, así como un regalo para el cliente.

Sin embargo, quienes rehúsen cambiar de compañía --al menos en un primer momento-- pasarán a depender de la comercializadora de la suministradora a la que estaban agregados hasta ahora, que para la "inmensa mayoría" de los usuarios de menos de 10 kilovatios de Baleares venía siendo GESA-Endesa, y que, junto con otras cuatro empresas españolas más, deberá ofertar la tarifa 'último recurso'.

Ésta consiste en una medida transitoria mientras los usuarios resuelven por cuál de las ofertas decantarse y, por ese motivo, podrán abandonarla en cualquier momento. Sobre el desconocimiento que pueda haber aún de este cambio liberalizador, González consideró que los consumidores lo conocerán más intensamente cuando empiecen a recibir llamadas de teléfono y cartas publicitarias en sus domicilios a partir de julio.

Sobre este particular, el director general de Consumo del Govern admitió que los ciudadanos "podrían recibir más llamadas de los habitual", en lo que ha venido en denominarse 'spam telefónico'. Por ello, explicó que los consumidores pueden acogerse a la Ley de Protección de Datos y recordó que el Gobierno prepara nueva legislación para erradicar esas prácticas.