Archivo - Una imagen de archivo de una playa de Palma - CORT - Archivo
PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles la adjudicación de las concesiones temporales para la explotación y ocupación de las playas de Cala Major, Playa de Palma y Can Pere Antoni para el periodo 2026-2029 y, por otra parte, ha excluido al licitador de la única empresa que se había presentado para la playa de Ciutat Jardí por no presentar la documentación técnica y financiera exigida en los pliegos.
Así lo ha confirmado la portavoz municipal, Mercedes Celeste, tras la Junta de Gobierno, donde ha explicado que la adjudicación de Ciutat Jardí, por tanto, ha quedado desierta y que a esta empresa se le ha impuesto una multa de 1.420 euros.
Precisamente este licitador dejó diversas cantidades sin pagar a los ayuntamientos de Calvià y Son Servera durante el tiempo que explotó arenales en esos municipios. Así lo confirmó el pasado 11 de marzo la portavoz, al ser preguntada por una información publicada por 'Diario de Mallorca' que indicaba que este empresario con historial de impagos se había presentado al concurso convocado por Cort para explotar cuatro de las cinco playas del municipio, y que en una de ellas, la de Ciutat Jardí, era el único aspirante.
Celeste ha explicado este miércoles que, al quedar esta licitación desierta, el Ayuntamiento llevará a cabo una prórroga de la actual concesión para un año en la playa de Ciutat Jardí.
Además, ha informado que la playa de Cala Major ha sido adjudicada a la empresa Beach i Oci, con un canon anual de 370.000 euros, mientras que Playa de Palma y Can Pere Antoni han quedado en manos de Marportsunbeach Mallorca, con un canon anual de 3,55 millones de euros y 150.000 euros anuales, respectivamente.
Celeste ha señalado que, en cuanto Cala Estància, el procedimiento de licitación ha quedado desierto. Este proceso se inició con la participación de cuatro empresas pero, tras la evaluación técnica, dos fueron excluidas por no llegar a la puntuación mínima y que, de la que obtuvo mayor puntuación entre las dos restantes, no ha podido ser la adjudicataria porque ya había sido propuesta para otros lotes.
Según ha añadido, los pliegos establecen que cada licitador solo puede resultar adjudicatario de un máximo de dos lotes. Por tanto, se requirió documentación a la segunda empresa clasificada pero ésta no acreditó la solvencia técnica y financiera necesaria, por lo que fue excluida y multada por 1.370 euros.
Por tanto, Cort está estudiando alternativas teniendo en cuenta que en este caso sí que se presentaron otros licitadores con el objetivo de garantizar la prestación del servicio.
Los contratos adjudicados tendrán una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga del mismo periodo, excepto en el caso de Can Pere Antoni, que será de tres años prorrogables por tres años más.