PALMA DE MALLORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
La crisis de la Construcción afectará menos a las pequeñas y medianas empresas del sector, porque "no han crecido por encima de sus posibilidades", como les ha ocurrido a otras que han trabajado para compañías más grandes, optando por el camino de la subcontratación para conseguir proyectos más importantes, y que son las que ahora se encuentran con mayores dificultades para mantener su viabilidad como negocio.
Así lo indicó el presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Albañilería de Mallorca, Llorenç Nicolau, quien aseguró, en declaraciones realizadas a Europa Press, que quienes no han subcontratado en estos últimos años "no tendrán problemas" para mantener su actividad, ya que se mantendrá intacta la demanda de los particulares.
Ésta se concreta en reparaciones y rehabilitaciones, segmentos de actividad que, en su opinión, "irán a más" en los próximos años y, además, se podrá trabajar con más comodidad, ya que los proveedores sirven antes cuando no hay tantos grandes proyectos en marcha, por lo que consideró que las "bajadas" de actividad tienen un efecto agilizador del sector para quienes se mantienen en él.
El presidente de las pymes de la construcción --todas ellas con plantillas en torno a la decena de trabajadores-- manifestó que "la única arma que tenemos es el servicio y la calidad, porque no podemos ir a destajo", como es habitual en las constructoras más importantes y, además, su prestigio se extiende siempre por el "boca a boca" de los clientes satisfechos.
Nicolau recordó que siempre recomienda a los asociados de la patronal que dirige que "no crezcan más de lo que pueden, porque de esa manera se mantendrán", así como que "hagan su propio mercado", porque las grandes compañías constructoras "se van y te dejan colgado". Cosa que no ocurre entre las pymes, segmento en el que es muy habitual que los empresarios avalen la empresa con su propio patrimonio personal.
En la otra cara de la moneda se encuentran hasta 26 sociedades mallorquinas de mayor envergadura, que están reclamando a las instituciones baleares los 223 millones de euros que les adeudan, y que exigen que les sean abonados antes del mes de septiembre, bajo la amenaza de reclamarlos por la vía judicial, interponiendo recursos Contencioso Administrativos.
