Un electricista afirma que cobró 60.000 euros en negro por diversos trabajos realizados en el 'palacete' de Matas

Actualizado 03/12/2009 19:38:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un electricista que declaró hoy como testigo ante el juez José Castro, encargado de las investigaciones en torno a la construcción del velódromo Palma Arena y al presunto incremento ilícito del patrimonio del ex presidente del Govern, Jaume Matas, afirmó que cobró 60.000 euros en metálico y sin factura por los trabajos que llevó a cabo en la vivienda que Matas posee en el casco antiguo de Palma, más conocida como 'palacete'.

Así lo señalaron fuentes jurídicas a Europa Press, que manifestaron que también fue interrogado esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma un carpintero que realizó asimismo varias labores en la residencia del ex jefe del Ejecutivo autonómico y aseguró igualmente haber cobrado dinero negro por estos trabajos.

Estas declaraciones se suman a las que el magistrado está llevando a cabo para esclarecer las presuntas irregularidades en la compra de la vivienda así como en su reforma. En este contexto, un constructor, Juan Serra, afirmó a finales de noviembre ante el juez que Matas le entregó, a través de su cuñado Fernando Areal, 70.000 euros en negro al comienzo de las obras de reforma que efectuó en el 'palacete', del total de 162.000 euros que percibió una vez finalizados los trabajos.

Precisamente, Areal también se encuentra imputado en este procedimiento y sobre él recaen sospechas de que también efectuó pagos en negro por más de 70.000 euros a la agencia de comunicación Nimbus, encargada de gestionar la campaña electoral del PP en los comicios de 2007.

Mientras tanto, el dueño de una tienda de muebles afirmó que en una ocasión la esposa de Matas, acompañada de una amiga, compró varios muebles en este comercio por valor de 25.000 euros, que pagaron en metálico y que el vendedor declaró como 'ticket de caja' pero sin factura. Por su parte, el propietario de la joyería alemana relató todo lo que en su tienda adquirió Maite Areal, quien efectuó gastos por un total de 70.000 euros, también en efectivo.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares inició la investigación sobre el patrimonio de Matas tras detectar posibles irregularidades en la compra de la vivienda e incluso agentes de la Guardia Civil de paisano recorrieron varios establecimientos en los que Matas habría comprado el mobiliario para este piso. Asimismo, el pasado 6 de noviembre la Policía Nacional y el Instituto Armado registraron tanto el palacete como la vivienda que Matas tiene en el lujoso barrio de Salamanca, en Madrid.

SEIS MESES DE INVESTIGACIONES

Sin embargo, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, renunció a prorrogar la investigación, denominada Operación Buckingham, tras agotarse el plazo de seis meses durante los cuales la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo las pesquisas.

Sin embargo, José Castro decidió el pasado 11 de septiembre incorporar las investigaciones sobre el patrimonio realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria al caso Palma Arena, que investiga una presunta malversación de caudales públicos producida durante la ejecución del velódromo de la capital balear, cuyo coste se disparó de los 48 millones inicialmente presupuestados a unos 110.

Precisamente, Castro ha citado a declarar a Matas como imputado por este caso ante el Juzgado el próximo 23 de marzo, a partir de las 10.00 horas, junto a su esposa María Teresa Areal, su cuñado y hermano de ésta, Fernando Areal, y el presidente de Gesa Endesa, Bartomeu Reus. El Ministerio Público atribuye al ex presidente del Govern un cohecho por valor de 1,5 millones de euros en la compra de su vivienda en el casco antiguo de Palma.

Cabe señalar además que dentro del caso Palma Arena otra de las principales líneas de investigación se centran en constatar si varios organismos públicos del Ejecutivo autonómico adjudicaron sin concurso público diversos contratos a Nimbus, encargada de gestionar parte de la campaña electoral del PP en 2007 y que se encuentra bajo investigación judicial dentro de esta causa, y si la empresa emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, mientras que a cambio cobró a 'precio coste' la organización de la campaña en los comicios municipales y autonómicos.