PALMA DE MALLORCA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del PP balear, Rosa Estaràs, lamentó hoy que el PSIB se haya "sentado" con todos los partidos "menos" con los 'populares' para abordar la Ley de Vivienda, y criticó a este respecto que el presidente del Govern, Francesc Antich, "hable mucho de diálogo cuando con el PP lo practica poco". La dirigente solicitó asimismo la retirada de la normativa, al considerar que ésta sería la solución "ideal" tras la polémica suscitada en torno al proyecto.
En rueda de prensa, en la que compareció junto a los tres senadores del PP por Baleares, Estaràs aseguró desconocer cuál es la tramitación que se está llevando a cabo de la Ley impulsada por el conseller de Vivienda, Jaume Carbonero, y qué "artilugio se utilizará para presentar enmiendas a un texto no enmendado". Así, señaló que esperará las explicaciones oportunas y expresó su confianza en que desde el Govern se le enseñe el texto del proyecto "con papeles".
Estaràs recordó que durante el debate del Estado de la Autonomía, pidió a Antich que no llevase a cabo el proyecto de Ley de Vivienda al contemplar la posibilidad de construir en suelo rústico, y aseveró que en una reunión posterior también le reclamó que lo retirase. No obstante, criticó, el presidente del Ejecutivo "no escuchó a la oposición y resulta que posteriormente una parte de su Govern expresó su desacuerdo", recalcó en relación a las discrepancias mostradas por UM.
"Le pedían lo que le había pedido el PP meses atrás", incidió la presidenta del PP, quien manifestó que le hubiera gustado que Antich "nos hubiera escuchado por convicción, talento, principios y para que la palabra diálogo tuviera realmente contenido". "Pero claro, escuchar a su Govern es más una necesidad que un ejercicio de diálogo", apostilló Estaràs, quien recalcó la necesidad de que primero debe agotarse el suelo urbano y urbanizable, "de los que hay bastante", en lugar de proceder a la construcción en terreno rústico.
Al mismo tiempo, hizo referencia a la "difícil" situación económica de desaceleración, recriminó que la Ley invade competencias municipales y de los Consells Insulars, e instó por último al Govern a cumplir las directivas comunitarias que, según señaló, obligan a que una normativa de este tipo debe contar previamente a su tramitación con un informe de impacto ambiental.
