Afirma que recibió numerosas quejas de Ayuntamientos por la labor del empresario Simón Galmés, que cobraba 9.000 euros por inspeccionar la recogida de residuos
PALMA DE MALLORCA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El ex director insular de Gestión de Residuos, Francisco Puig Riera, ha defendido ante el juez instructor del caso Cloaca que las facturas relativas a la recogida de residuos que firmaba la ex consellera de Medio Ambiente del Consell y ex portavoz de Unió Mallorquina (UM), Catalina Julve, le llegaban avaladas por los informes favorables de varios departamentos, por lo que ha defendido la gestión llevada a cabo en este sentido por la principal imputada de esta causa.
Durante su comparecencia en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9, Enrique Morell, Puig Riera ha sido interrogado en torno a la tramitación de estas facturas, que presuntamente fueron infladas y cobradas por las UTE FCC-Lumsa y Resenetma -filial de Melchor Mascaró-, que se encargaban de la recogida de residuos en la Part Forana. De hecho, la Fiscalía calcula en 3,1 millones las cantidades que el Consell abonó a estas empresas por trabajos que finalmente no llevaron a cabo.
Sin embargo, en relación a la actuación de Julve, el ex director insular ha explicado que los justificantes de pago que rubricaba la ex dirigente 'uemita' habían recibido antes el visto bueno del responsable de economía, de un ingeniero técnico y del secretario general técnico, entre otros, para finalmente llegar a manos de la ex consellera, quien estampaba su firma en ellos, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
El testigo, quien ejerció su cargo en la Institución insular entre marzo de 2009 y febrero de 2010, ha respondido por otro lado de forma afirmativa al ser preguntado por si conocía al que fuera responsable del área de control de las UTE, Simón Galmés, quien de acuerdo a las investigaciones fue contratado 'a dedo' para esta labor y percibía unos 9.000 euros al mes por inspeccionar el funcionamiento del servicio.
Un trabajo que, según ha recordado Puig Riera, desató numerosas críticas por parte de distintos Ayuntamientos, que acababan trasladando sus quejas al ex director insular. Cabe recordar que el juez acordó para el empresario de Portocristo la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y su personación quincenal ante el Juzgado.
Por su parte, Julve, durante la declaración que prestó ante el magistrado el pasado mes de enero, apeló a su inocencia y se defendió de los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad de documento oficial que se le imputan dentro de esta causa de presunta corrupción. Así, negó haber participado en una presunta trama de inflamiento de facturas y cobro de comisiones así como el hecho de haber autorizado este entramado o haber tenido conocimiento de las presuntas irregularidades.
Todo ello pese a la declaración de varios imputados que la han involucrado y a que las pesquisas apuntan a que conocía la comisión de ilegalidades a través del sistema de facturación por la recogida de residuos sólidos urbanos.
En concreto, el caso Cloaca estalló a principios de año y centra sus pesquisas en la presunta trama urdida por las empresas concesionarias en connivencia con el Consell durante el periodo en el que la ex portavoz de UM fue responsable del área de Medio Ambiente. Las investigaciones llegaron a la Fiscalía después de que el pasado verano los servicios jurídicos de la Institución insular encargaran una auditoría al detectar que había una sobrefacturación en el departamento de Medio Ambiente que podía superar el millón de euros.
Sin embargo, las UTE alegan que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas por el cambio de facturación "impuesto" por la Institución Insular en el sistema de recogida selectiva, por el que sufrieron un "quebranto" económico valorado en unos 3,1 millones de euros por facturas impagadas y sin que la Administración pública haya sufrido "perjuicio alguno".
