PALMA DE MALLORCA 8 (EUROPA PRESS)
El fiscal Joan Carrau manifestó hoy en su alegato final durante la cuarta sesión del primero de los juicios por el caso Andratx, que el ex alcalde de la localidad, Eugenio Hidalgo, construyó una vivienda con una licencia de ampliación para una nave agrícola de manera "deliberada", al tiempo que señaló que el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, "tuteló y supervisó" todo el proceso y que, una vez supo que la construcción de Hidalgo era ilegal, "le ayudó a ocultar el delito".
Esta es una de las principales conclusiones que manifestó durante la exposición de las conclusiones finales de la causa que juzga la construcción de una vivienda en un terreno clasificado como Área de Interés Paisajístico (Arip), en la que se solicitan cinco años de prisión para el ex alcalde, cuatro años de cárcel para el ex director general, un año prisión para el ex letrado municipal, Ignacio Mir, cuatro meses de prisión para el ex celador de Obras del Ayuntamiento, Jaume Gibert, por su colaboración con la justicia.
Así, para Carrau el juicio ha probado la comisión de un delito contra la ordenación del territorio porque se dio una licencia para una construcción no autorizada en el terreno en el que se llevó a cabo. "Lo realizado es una demolición de una caseta y la construcción de una nueva planta en una ubicación distinta y con carácter de vivienda" sostuvo.
Carrau apuntó que el alcalde debería dar ejemplo de "jerarquía legal y moral", por lo que se pide el agravante al haberse aprovechado de su cargo, ya que era el máximo garante de la disciplina urbanística. Así, señaló que este hecho "es grave" porque fue "deliberado" ya que al comprar la parcela, el alcalde buscaba la comisión del delito. "No es algo accidental, es deliberado, comenzó la construcción de vivienda unifamiliar" sostuvo.
"Hidalgo tiene derecho a tener su lugar de esparcimiento para torradas agrícolas, pero no parece razonable que encima busque dar un pelotazo a precio de suelo protegido para luego desprotegerlo" mantuvo Carrau, quien señaló que, además, la construcción se hizo delante del Ayuntamiento y del área de Urbanismo.
En este sentido, el fiscal señaló que en el juicio ha quedado patente que la construcción se llevó a cabo sin una licencia que lo amparase y mantuvo que Massot se convirtió en cooperador necesario porque, al descubrir la construcción, ayudó a Hidalgo a legalizarla y a ocultar el delito. "Participó en el plan al principio, durante y después" sostuvo.
Asimismo, Carrau indicó que fue Massot quien consiguió que el expediente de demolición desapareciera, recalcando que fue él quien "controló y supervisó" el expediente, manipulándolo y tutelando la actividad delictiva del ex alcalde.
Sobre Gibert, la Fiscalía concluyó que el celador ha reconocido la participación en el delito y señaló que sabía que era un delito "y no hizo nada para evitar la comisión del mismo", a pesar de que estaba obligado a ello. "Estaba en situación de posición de garante y eso le lleva a cooperar y a permitir el delito" subrayó.
CHEQUE EN BLANCO
Según la Fiscalía, la licencia otorgada era "un cheque en blanco" ya que permitía a Hidalgo "construir hasta el infinito" porque Massot lo permitió, al tiempo que señaló que a lo largo del juicio ha quedado corroborado que Hidalgo y Massot tenían una "relación estrecha y fluida", que también se mantenía con el letrado municipal, Ignacio Mir.
Así, la Fiscalía acusa a Massot de haber emitido el informe favorable a la licencia ilegal de construcción y señala que realizó actos de "colaboración imprescindible" y aconsejó al ex edil sobre cómo solicitar la licencia, a sabiendas de que Hidalgo no se iba a dedicar a la agricultura y de que ésta licencia era ilegal.
El Ministerio Fiscal solicita cinco años de prisión para Hidalgo por los delitos de prevaricación urbanística y contra ordenación del territorio, cuatro para Massot por los mismos delitos, uno para el letrado Mir un año por un delito de prevaricación y cuatro meses para el celador Gibert por un delito contra la ordenación del territorio, rebaja sustencial por su colaboración con la justicia y la confesión de su participación en varios delitos.
Acompañadas a las peticiones de prisión, también se solicitan cuantiosas multas e inhabilitaciones, así como la la demolición por parte de Hidalgo de la nave que fue ilegalmente construida y, en caso de que no lo haga, de manera subsidiaria solicita que lo realicen Massot o Gibert.
Las acusaciones particulares, tanto del Ayuntamiento de Andratx, como las del policía local Joan Ensenyat y de la edil de UM Isabel Alemany, se han adherido a las conclusiones del Ministerio Público.
