"Pensé que era mi deber investigar el delito y que el delito era grave y debía sucumbir el derecho al secreto profesional en este extremos"
PALMA DE MALLORCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez Miguel Florit, acusado por el 'caso Móviles', ha asegurado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que "era más importante averiguar el delito, que no el derecho profesional de los periodistas" en cuanto a que sus fuentes, según ha dicho, "no eran tan secretas" puesto que "los mismos periodistas ya decían en sus publicaciones que lo conocían a través de fuentes policiales".
La causa se remonta al 11 de diciembre de 2018, cuando la Policía, por orden del juez, se incautó de los teléfonos móviles de dos redactores de Europa Press y 'Diario de Mallorca' para investigar el origen de un informe sobre un presunto fraude a Hacienda relacionado con el conocido como el 'caso Cursach'.
"Pensé que era mi deber investigar el delito y que el delito era grave y debía sucumbir el derecho al secreto profesional en este extremos", ha dicho. "Este informe fue la gota que colmó el vaso" pues, según ha contestado Florit este jueves a preguntas del representante de la Fiscalía, Bartomeu Barceló, ya se habían producido otras denuncias por actuaciones similares y lo consideró un "hecho gravísimo".
La defensa de los medios afectados --Europa Press y 'Diario de Mallorca'--, así como los dos periodistas --Blanca Pou y Kiko Mestre-- presentaron una querella contra Florit en la que le piden penas que suman 42 años de inhabilitación por vulnerar el secreto profesional, la interceptación de las comunicaciones, prevaricación, y un delito contra la inviolabilidad del domicilio.
Durante el juicio, también ha declarado como testigo el fiscal Anticorrupción Juan Carrau, que ha explicado que informó a favor del rastreo de llamadas a dos periodistas pues se estimó que era "menos invasivo" pedir los listados de sus terminales y "aplicar una búsqueda selectiva" con los teléfonos de los policías que "podían haber cometido el delito" para obtener las "evidencias" que pedir el listado de "30 o 40 funcionarios".
El fiscal ha explicado que se mostró a favor de las actuaciones, que también incluyen el decomiso de los dispositivos móviles a los dos periodistas, pues no era "solo el asunto del informe de la Agencia Tributaria, sino que se habían filtrado muchas cosas a lo largo de mucho tiempo". "Era un delito continuado", ha asegurado.
Así, ha detallado que conocían que las informaciones publicadas tenían su origen en funcionarios policiales pues "una foto que se filtra provenía de un 'chat' en el que solo intervenían policías".
Por otro lado, Carrau ha dicho que Florit le dijo: "Estoy muy presionado, voy a devolver los teléfonos". Así, ha dicho que no entró a discutir el origen de las presiones y ha dicho desconocer porque el juez decía sentirse así, pero ha explicado que también le explicó que ya no era "tan necesario ni tan eficaz" inspeccionar los móviles pues ya tenían "mucha prueba" contra los policías que investigaban.
Tras Carrau, ha declarado por videoconferencia el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Este ha dicho que se ponderaron los bienes en conflicto: "Teníamos muy presente la cuestión del secreto profesional y el derecho a no revelar las fuentes".
"No se pretendía revelar la fuente; era una investigación excepcional y excepcionalmente grave, que se alejaba de las filtraciones habituales y que atacaban los derechos y la presunción de inocencia del principal investigado del proceso", ha dicho.
