PALMA DE MALLORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El grupo ecologista GOB ha acusado este lunes al Govern de "arrasar" el espacio protegido del torrente de Na Borges sin realizar la correspondiente evaluación de repercusiones ambientales, dentro de las intervenciones derivadas de las inundaciones en el Llevant de Mallorca el pasado octubre.
Según ha indicado el GOB en una nota de prensa, esta actuación "ha resultado en la eliminación de la vegetación y arrasamiento prácticamente absoluto de los márgenes del torrente".
El GOB ha recordado que más de 15 kilómetros del torrente discurren por el interior del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Na Borges. Por ello, entiende que debería someterse a la evaluación por tratarse de un proyecto sin relación directa con la gestión del lugar, según marca la directiva europea. Así, la entidad cree que la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca "ha incumplido su obligación" de evaluación, "incluyendo el correspondiente procedimiento de exposición pública del proyecto".
Por otra parte, el GOB ha destacado que el Plan de Gestión Natura 2000 de barrancos y montes de Mallorca también engloba el LIC de Na Borges y prohíbe las actuaciones que puedan simplificar la diversidad de especies. Por ello, los ecologistas no entienden "que se haya impulsado no la simplificación, sino la destrucción casi absoluta del hábitat".
"Indigna ver que el plan se dispone, por ejemplo, la prohibición de las actividades colectivas entre marzo y junio para evitar molestias a la fauna, y que en cambio Medio Ambiente no ha tenido ningún reparo a la hora de impulsar el arrasamiento del torrente", han razonado desde el GOB.
Asimismo, la entidad ha defendido que la actuación en el lecho del torrente "no era necesaria y mucho menos urgente" porque "cuando el caudal es masivo se desborda a diferentes llanuras aluviales donde se embalsa sin generar problemas de seguridad para las personas".
Por todo ello, el GOB ha demandado "explicaciones" por parte del conseller, Vicen Vidal, y ha avanzado que remitirán los hechos al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.
