El GOB denunció el parking ilegal de Cala Sa Nau que el ganador del concurso presuntamente amañado incluyó como mejora

PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista GOB Mallorca denunció a las autoridades la explotación del aparcamiento de Cala Sa Nau que el ganador del concurso de playas de 2014, presuntamente amañado, incluyó como mejora en su oferta para obtener más puntuación.

La presidenta del GOB, Margalida Ramis, ha comparecido este jueves como testigo ante la Audiencia Provincial de Baleares, en el juicio que celebra la Sección Segunda contra el exalcalde de Felanitx Biel Tauler (PP), el exconcejal de Playas, Juan Ramón Vidal, y el empresario ganador, el propietario de Marportsunbeach, entre otros acusados.

Ramis ha confirmado que presentaron una denuncia por este caso, como tantos otros. En este sentido, no recordaba el contenido concreto de la denuncia de Felanitx: "Denunciamos muchos casos a Demarcación de Costas", se ha excusado. La activista ha detallado que, en el caso de que sea suelo rústico, también lo trasladan al Consell Insular, y que antes de presentar la denuncia realizan las pertinentes comprobaciones.

Precisamente, en 2022 esta misma organización ecologista informaba de una nueva denuncia por la explotación ilegal de dos aparcamientos dentro de otra concesión posterior a Marportsunbeach (desde 2018) en el chiringuito de Cala Sa Nau, recalcando que se encuentran en un espacio natural protegido.

SE VALORÓ COMO MEJORA

En el concurso de 2014, el Ayuntamiento de Felanitx valoró este aparcamiento como mejora en la oferta de Marportunbeach. El licitador prometía que si obtenía la concesión, pondría a disposición de los usuarios este párking de forma gratuita. El solar es propiedad de un tercero al que había alquilado el terreno.

En el juicio, el empresario reconoció que cuando presentó la oferta, en aquel momento el aparcamiento ya se estaba utilizando. Defendió que era "esencial" porque "gestiona el caos circulatorio que hay en el embudo llegando a la playa". Admitió que la declaración de interés general se tramitó con posterioridad.

El ingeniero municipal, también acusado, reconoció que no se comprobó si el párking estaba legalizado pero se valoró igualmente como mejora. De hecho, "era una de las mejores mejoras que se presentaron", remarcó. En cualquier caso, puntualizó que no fue determinante para la adjudicación porque la oferta de Marportunbeach ya tenía la puntuación máxima por el resto de mejoras.

"Lo usa todo el mundo gratuitamente", afirmó el empresario acusado. Mientras, los denunciantes del presunto amaño, rivales que perdieron la licitación, inciden en que el aparcamiento no era gratuito, y aportaron tickets de estacionamiento para demostrarlo.

Por otro lado, este jueves también ha declarado como testigo un trabajador del Ayuntamiento que hasta 2014 había sido el encargado de redactar los planes de salvamento.

Ha contado que, para el concurso de 2014, fue relevado por el técnico externo al que se contrató para elaborar los pliegos, que unificaron la explotación de las playas y los servicios de socorrismo: "Vino el alcalde de aquel momento con otra persona y me dijo que a partir de ahora los haría este técnico, y que le pasara toda la información". Desde entonces este funcionario no ha vuelto a preparar estos planes.

PRESUNTO AMAÑO

La Fiscalía acusa al exalcalde y el concejal de haberse concertado para asegurar que la concesión fuera a parar a Marportsunbeach, cuyo dueño era amigo del regidor. Sostiene que el presunto amaño se gestó elaborando un concurso a medida, adelantando los pliegos al empresario para darle ventaja, acortando ilegalmente los plazos de presentación de ofertas e incluyendo a una persona ajena al Ayuntamiento en las valoraciones.

El fiscal Anticorrupción pide para el exalcalde una pena de dos años de cárcel y 20 años de inhabilitación para ejercer cargo público, por presuntos delitos de prevaricación continuada y fraude.

Para el regidor pide cuatro años de cárcel e inhabilitación por 23 años; y para el empresario, cuatro años de cárcel, inhabilitación para cargo público durante nueve años y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas e incentivos fiscales durante 12 años y medio, por presuntos delitos de fraude, aprovechamiento de información secreta y prevaricación continuada (este último, como inductor).

En el banquillo se sientan también el propietario de la mercantil --y la empresa como responsable civil subsidiaria--, el secretario y el ingeniero municipales y el técnico externo que elaboró los pliegos. Además se juzga también a un trabajador de la empresa ganadora, antiguo encargado del chiringuito de Cala Marçal, acusado de haber estrellado deliberadamente su coche contra el negocio de un competidor que había impugnado las adjudicaciones.