PALMA DE MALLORCA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Govern sentó hoy las bases de la que será una "Constitución" con la que se quieren garantizar los derechos sociales de todos los ciudadanos del archipiélago, a través de la firma --entre la Administración autonómica y agentes sociales y económicos como los sindicatos UGT y CCO, y la Confederación de Asociaciones de Empresarios de Baleares (CAEB)-- del Pacto por los Derechos Sociales Básicos, que en 2010 hará su entrada en el Parlament para su posterior aprobación.
Así lo explicó en rueda de prensa el presidente del Govern, Francesc Antich, quien aseguró que se trata de un texto con el que se ofrecerá una "mayor transparencia" a los ciudadanos, ya que entre otras medidas se contemplará la defensa integral de la familia, así como los derechos de las parejas estables y la no discriminación de los derechos de las personas 'dependientes'.
En este sentido, recordó que se trata de una actuación con la que se pretenden mejorar las condiciones de vida de "todos" los ciudadanos y la "reeducación de las desigualdades" presentes en el archipiélago. Por ello, Antich incidió en la cohesión social como herramienta necesaria para conseguir una "verdadera concepción de Comunidad Autónoma, de país".
De este modo, este año 2009 servirá, tal y como indicó la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, como "periodo de elaboración y consenso con todos los agentes sociales" para que, finalmente, en 2010 esta norma "entre en el Parlament" y pueda ser aprobada por los diferentes grupos parlamentarios.
Asimismo, Santiago añadió que el objetivo de este Pacto es el "reconocimiento como derechos" de las distintas prestaciones que se dan a los ciudadanos de Baleares "por voluntades políticas", pero que en ningún caso se establecen como derechos necesarios.
No obstante, tanto la consellera como el presidente autonómico coincidieron en el hecho que esta "futura Ley" permitirá que la población pueda "acudir a los tribunales en caso de que no se les concedan los servicios o las prestaciones necesarias" para su vida cotidiana.
Por su parte, el presidente de la CAEB, Josep Oliver, aseguró que este texto tiene la "única intención de mejorar las obligaciones de todas las Instituciones" para conseguir una "buena convivencia" de todos los ciudadanos. No obstante, el secretario general de UGT, Lorenzo Bravo, mantuvo una posición similar a la de Oliver al incidir en que "todas las actuaciones que se lleven a cabo serán organizadas para conseguir una mejor situación de los baleares".
Asimismo, el secretario general de CCOO, Josep Benedicto, hizo especial hincapié en que se trata de un documento "sumamente importante para todos y cada uno de los ciudadanos del archipiélago", pues se reconocerán los derechos sociales de "todos".
PRINCIPALES PUNTOS DEL PACTO
De acuerdo con el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de Baleares, el Govern debe elaborar el texto de la Ley de la Carta de los Derechos Sociales de las Islas Baleares, que debe formar parte de la declaración de los derechos de la totalidad de la ciudadanía que recoge el título II del texto estatutario.
Así, los derechos sociales deben garantizarse mediante los instrumentos legales "adecuados". Por ello, los puntos que más importancia cobran en este documento son la familia --en todos sus aspectos más significativos, como es el caso de los derechos de las parejas estables--; la protección específica y la tutela social del menor; la no discriminación de los derechos de las personas dependientes y de sus familias; la protección y atención integral de las personas mayores para la promoción de su autonomía personal.
Asimismo, otros de los aspectos que centran esta "Constitución" son la articulación de políticas que garanticen la integración y participación de la juventud en el desarrollo político, económico y cultural de la sociedad; la asistencia social a las personas pertenecientes a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad; la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad balear, con especial atención a la ocupación.
Finalmente, en cuanto al capítulo de derechos que cubre este nuevo texto se encuentran la protección social contra la violencia, especialmente contra la violencia de género; los derechos y la atención social de las personas inmigrantes con residencia en la Comunidad Autónoma; así como los derechos 'universales' en el ámbito sanitario de todos y cada uno de los ciudadanos del archipiélago.