El Govern y Habtur controlarán el cumplimiento de las normas anti COVID-19 en el alquiler vacacional

PALMA DE MALLORCA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear y Habtur han decidido este lunes colaborar conjuntamente en la identificación de clientes para controlar el cumplimiento de las normas anti COVID-19 en el alquiler vacacional.

En una nota de prensa, la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo ha informado de la reunión de su conseller, Iago Negueruela, acompañado de la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, con la gerente de la Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico de las Islas Baleares (Habtur), Maria Gibert.

La Conselleria ha recordado que el paso de Mallorca a nivel 4 de riesgo extremo frente a la COVID-19 implica la adopción de toda una serie de medidas de protección específicas, como que las reuniones familiares y sociales no puedan superar las seis personas de dos unidades familiares como máximo, tanto en el interior de las casas como en el exterior, tal y como ha detallado Castro durante el encuentro.

En esta línea, tanto Negueruela como Castro han insistido "en la necesidad de que el sector del alquiler vacacional cumpla con estas medidas" al igual que sucede con las casas particulares, con el objetivo de frenar la expansión de la enfermedad.

El Govern comprobará el cumplimiento de las normas a través de los registros de entrada de cada inmueble que desarrolle la actividad del alquiler vacacional, principalmente mediante la verificación de los DNI.

De esta manera, se podrá comprobar "de manera rápida y eficaz" si los inquilinos del inmueble objeto del arrendamiento pertenecen a más de dos domicilios diferentes, lo que supondría una infracción de las normas y conllevaría la consiguiente sanción.

Precisamente el Consell de Govern ha aprobado este lunes la modificación del Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

Así pues, durante el nivel 4 de alerta las infracciones consideradas leves y graves podrán pasar a ser consideradas como graves y muy graves, respectivamente, y las posibles sanciones irán desde 60.000 hasta 600.000 euros. También habrá la posibilidad de ordenar el cierre del establecimiento por un periodo máximo de tres años.

Esta modificación en la gradación de las sanciones se aplicará en las islas cuando lleguen al nivel máximo de alerta sanitaria con el objetivo de incrementar el grado de cumplimiento de las medidas preventivas y contribuir así a evitar las situaciones que favorecen los contagios.