El Govern no confía en que se alcance un acuerdo con los propietarios de Planícia para su adquisición

PALMA DE MALLORCA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia, Albert Moragues, no confía en que se alcance un acuerdo con Planisi Estates, propietarios de la finca Planícia ubicada en Banyalbufar, después de que éstos se negasen ayer a vender al Ejecutivo balear este emblemático paraje, pese a que la Ley autonómica de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental legitima al Govern para adquirirla por el mismo precio que dicha empresa la compró, ejerciendo su derecho de retracto.

En rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Moragues lamentó que mientras esta cuestión no se resuelva judicialmente -ya que los servicios jurídicos de la Conselleria de Medio Ambiente están estudiando las tramitaciones a llevar a cabo para poder disponer de la finca, al contar con derecho de retracto-, la finca continuará siendo de propiedad privada.

En referencia a los 10 millones de euros que el Estado debe aportar de los 11,1 que cuesta la finca, el conseller aseveró que el convenio suscrito con el Ministerio contempla la voluntad del Gobierno de abonar un porcentaje del precio global, e incidió en que el Ejecutivo balear acabará recurriendo si no se alcanza previamente un acuerdo con los propietarios.

"Todo es posible, pero el compromiso adquirido con el Estado se mantiene y cuando tengamos la propiedad ya le venderemos la parte que le corresponde", recalcó Moragues. En concreto, a finales de mayo el Govern autorizó a la Conselleria de Medio Ambiente adelantar el pago de 11,1 millones de euros para la compra de la finca, de los cuales 10 millones serán devueltos por el Ministerio del ramo, tal como contempla el acuerdo suscrito entre ambas administraciones.

El cambio de actitud de los propietarios se produjo ayer cuando el abogado que representa a la propiedad de Planícia, que debía firmar las escrituras de compra en la sede de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, rechazó proceder a ese requisito, alegando que "se opone" al derecho de retracto, al que recurrió el Govern para adquirir la finca.

El letrado en cuestión, Miquel Àngel Serra, acudió tal como estaba previsto a la firma que no se llegó a producir. Sin embargo, el Govern está legitimado para su compra ejerciendo un derecho que establece la Ley autonómica de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental, que, en este caso, preveía un precio de adquisición de 11.182.000 euros, al tratarse del valor acordado en la operación de compra-venta realizada el 12 de Abril de 2007.

Tras la negativa de la propiedad a aceptar este derecho de retracto, los servicios jurídicos de la Conselleria de Medio Ambiente valoran en este momento seguir intentando obtener la propiedad de esta finca por la vía judicial, o bien, por la administrativa, mediante el alzado de un acta notarial por la que se toma posesión de los terrenos de forma inmediata.

La finca tiene 445 hectáreas, de las cuales el Ministerio será titular de 427 --un 96 por ciento-- y la Conselleria, de las 18 restantes, que incluyen las casas de la posesión, de 1.400 metros cuadrados. Se trata de un paraje en el que predominan los elementos naturales y paisajísticos, destacando uno de los encinares más valiosos del Mediterráneo.