>
PALMA DE MALLORCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Turismo no contempla establecer un nuevo plazo para regularizar viviendas turísticas en Baleares, después de que el Govern recibiera en la pasada legislatura un total de 2.262 expedientes, de los que 1.350 ya han recibido una acreditación de calidad, tras realizarse 1.765 inspecciones, con el fin de determinar si están capacitadas para acoger a visitantes durante un corto periodo de tiempo.
El conseller de Turismo, Francesc Buils, ofreció estos datos, en respuesta a una interpelación parlamentaria formulada por el diputado del PP, Miquel Ángel Jerez, quien consideró que el Ejecutivo balear debe abrir un plazo permanente, con el fin de que los propietarios de viviendas turísticas puedan solicitar las autorizaciones y licencias para legalizar aquellos pisos, "ubicados, sobre todo, en suelo rústico", que operan de manera "alegal" sin pagar los impuestos, incumpliendo así la Ley de Comercialización de Estancias Turísticas, aprobada en 2005.
Buils respondió que, por el momento, no contempla establecer un nuevo periodo para regularizar viviendas turísticas, después de que el pasado 30 de septiembre de 2006 finalizase el plazo de seis meses, iniciado el 31 de marzo de ese mismo año, tal como estaba contemplado en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Comercialización de Estancias Turísticas.
El conseller detalló que, además de las 1.350 viviendas que ya pueden operar de manera legal, se sumarán en las próximas semanas 104 más, después de que también hayan obtenido un certificado de calidad, mientras que, por su parte, 311 establecimientos están pendientes de una segunda visita por parte de los servicios de inspección de la Conselleria.
Asimismo, añadió que actualmente, hay 362 viviendas pendientes de una primera inspección, mientras que 135 no cuentan aún con la documentación necesaria para acreditar que son turísticas.
A pesar de estos controles, Buils reconoció que aún sigue existiendo oferta ilegal de viviendas turísticas en Baleares y, en este sentido, advirtió de que la Conselleria continuará "persiguiéndola", para lo cual, dijo que se están utilizando las nuevas tecnologías en los servicios de inspección y se están manteniendo contactos con la Agencia Tributaria para llevar a cabo los controles de los establecimientos.
ENTRE 15.000 Y 25.000 PLAZAS
Buils recordó que Baleares cuenta con 400.000 plazas hoteleras, de las que entre 15.000 y 25.000 corresponden a viviendas turísticas que son las que, según subrayó, está intentando regularizar la Conselleria, con el objetivo de que se incorporen al sistema legal de impuestos.
Por otro lado, anunció la modificación de la Ley General Turística, con el fin de "simplificar todos los trámites" relacionados con este sector y mantener el nivel turístico de las islas, aunque indicó que está en una fase previa.
En este sentido, informó de que los servicios jurídicos del Govern ya han iniciado la redacción de un borrador, que será presentado al sector hotelero y a los grupos políticos, de cara a lograr un consenso, con el fin de que esta reforma pueda estar aprobada en el Parlament "a mitad de legislatura".
Por su parte, el parlamentario del PP consideró que el Ejecutivo autonómico debería abrir un nuevo plazo para permitir que se puedan regularizar aquellas viviendas turísticas que no lo hicieron durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo y el 30 de septiembre, dado que, según criticó, actualmente, estos establecimientos generan una "economía sumergida".
"CRECIENTE ILEGALIDAD"
Así, dijo que hay una "creciente ilegalidad" en este sector, debido a que los propietarios de las viviendas turísticas recurren a la Ley de Arrendamientos Urbanos para suscribir un contrato con los turistas para un determinado número de días, cuando, según recordó, esta normativa sólo permite firmar contratos de alquiler para temporadas.
Por tanto, Jerez criticó que estas viviendas turísticas, que no pueden contar con más de seis habitaciones, ni con más de 12 plazas, se convierten en una "oferta clandestina paralela a la reglada.
Por este motivo, indicó que si el Govern no abre un nuevo plazo para que estos establecimientos puedan regularizar su situación, se debe modificar, al menos, la Ley de Arrendamientos Urbanos, con el fin de crear el nuevo concepto de Usos Turísticos, que evite la "evasión fiscal" de las viviendas turísticas que constituyen un "mercado negro".
La parlamentaria del PSIB Anna Crespí animó al Govern a que continúe aplicando la Ley de Comercialización de Estancias Turísticas, con la que se está "poniendo orden" a la situación de las viviendas turísticas, que no estaban regladas "desde hace muchos años" y que, por lo tanto, "no cumplían los requisitos en cuanto a calidad y seguridad y, además, huían del pago de los impuestos correspondientes".
El portavoz de UM, Bartomeu Vicens, también apostó por continuar aplicando esta normativa aprobada en la pasada legislatura, mediante la cual, según recordó, se han realizado las inspecciones y se han dado las acreditaciones a aquellas viviendas turísticas que han acreditado unas garantías sanitarias y económicas, así como una calidad en la habitabilidad .
Finalmente, el portavoz del Bloc, Biel Barceló, apuntó que, actualmente, se convierten "fraudes de ley" en materia de viviendas turísticas, debido a la "dificultad" que existe para diferenciar entre establecimientos destinados al alquiler y los pisos unifamiliares dirigidos exclusivamente al turismo, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones, la comercialización se realiza a través de Internet.