Las federaciones hoteleras lo plantean como "medidas urgentes para hacer frente a un cambio de ciclo" y "evitar una pérdida de competitividad turística"
PALMA DE MALLORCA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las federaciones y asociaciones hoteleras de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera han reclamado este jueves al Govern diferentes actuaciones, como el control de la oferta de alquiler turístico ilegal o la retirada del Impuesto de Turismo Sostenible, como "medidas urgentes para hacer frente a un cambio de ciclo" para "evitar una pérdida de competitividad turística".
Los hoteleros han planteado estas reivindicaciones en una rueda de prensa enmarcada en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra estos días en Madrid. En el acto han participado la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) y la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome).
Los hoteleros han advertido de la "incertidumbre a la que se enfrenta el sector turístico" y la "ralentización de la economía" y de la demanda turística debido a la recuperación de los destinos competidores -de la ribera sur y oriental del Mediterráneo-, el 'Brexit', la devaluación de la lira turca y el incremento de los precios del petróleo.
A ello han sumado "políticas que contribuyen a generar una mayor incertidumbre" por lo que han pedido al Govern y al resto de administraciones implicadas que escuchen al sector empresarial, impulsen la colaboración público-privada, otorguen "seguridad jurídica" para incentivar la inversión y ordenar la actividad turística -frenando "el intrusismo y la economía sumergida"-, y adecuen la dotación de infraestructuras, entre otras reivindicaciones.
RETIRADA DEL IMPUESTO TURÍSTICO
Como una de estas "medidas urgentes", las federaciones hoteleras han vuelto a pedir la retirada del impuesto turístico en Baleares, cuya aprobación han tildado de "desacertada".
Al respecto, han avisado de que "destinos competidores han resurgido con fuerza aplicando una política de precios muy agresiva, en la que el sector balear no puede ni quiere entrar", por lo que ven el impuesto como "una seria amenaza".
Además, los hoteleros han mantenido que el impuesto "responde solamente a fines recaudatorios" y no al objetivo de "paliar la huella del turismo", sino que creen que pretende "encubrir el déficit de financiación de la Comunidad Autónoma".
"Se ha demostrado que los proyectos financiados con cargo al impuesto nada tienen que ver con el turismo y el medioambiente, y lo que es peor aún: la mayoría de proyectos están sin comenzar y han bloqueado los servicios técnicos de los ayuntamientos", han reprochado.
CONTROL DEL ALQUILER TURÍSTICO ILEGAL
Otra de las principales medidas exigidas por el sector hotelero es el control de la oferta de alquiler turístico que "amparada por la opacidad y escasa inspección, opera en la ilegalidad".
Por ello, las federaciones y asociaciones empresariales han pedido al Govern "una labor de vigilancia seria y rigurosa" centrada en el control de las condiciones en las que no está permitida la comercialización de estancias turísticas en viviendas; sanciones por publicidad de oferta ilegal; control de las regulaciones tributarias y requisitos reglamentarios, con un cruce de datos entre la Conselleria de Turismo y la Agencia Tributaria; y que vigile el cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana por parte de los turistas, entre otros aspectos.
ADAPTAR NORMATIVA PARA PERMITIR TRANSFORMACIÓN DE LA PLANTA HOTELERA
Finalmente, la FEHM, Fehif y Ashome han exigido adaptar la normativa para permitir "continuar con la transformación de la planta hotelera".
Según las patronales, en Mallorca queda un 40 por ciento de la planta hotelera por modernizar, y en Menorca el porcentaje es del 80 por ciento. "Se nos ha puesto un freno con las últimas modificaciones de la normativa", han lamentado.
En esta línea, los hoteleros han apuntado que "la ralentización de las reformas puede tener consecuencias nefastas tanto para el sector turístico como de servicios y construcción", avisando de que el periodo de tramitación de los proyectos "acumula una media de 18-24 meses desde que se inician hasta que se pueden ejecutar".
