El juez deniega la petición de prisión de la Fiscalía para Miquel Feliu, principal imputado en la 'Operación Relámpago'

Actualizado: jueves, 6 septiembre 2007 20:04

PALMA DE MALLORCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Juzgado de Instrucción número uno de Palma de Mallorca denegó hoy la petición de prisión incondicional solicitada por el fiscal Anticorrupción de Baleares, Joan Carrau, y las acusaciones particulares para el abogado Miquel Feliu, principal imputado en la 'Operación Relámpago' que investiga el presunto fraude en las dobles ventas de solares en Cala Llamp en Andratx (Mallorca), fraude a la Hacienda Pública, estafa y blanqueo de capitales.

Según informaron a Europa Press fuentes judiciales, Feliu prestó hoy declaración durante más de dos horas ante el magistrado y los fiscales, quienes solicitaron el ingreso en prisión del letrado, que actualmente se encuentra en libertad provisional tras haber abonado una fianza de medio millón de euros.

A pesar de mantener la situación judicial para el imputado, el magistrado decretó la retirada del pasaporte para Feliu y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

La 'Operación Relámpago' se ha saldado hasta la fecha con el envío a prisión de uno de los principales imputados, el empresario francés Patrick Duchemin y de otro ciudadano de nacionalidad extranjera, presunto testaferro de Feliu, todos ellos relacionados con una presunta trama de venta fraudulenta de solares en el municipio de Andratx y por la que ya hay un gran número de personas imputadas.

Esta investigación judicial fue iniciada el pasado 26 de abril por los Juzgados de Instrucción número 1, 11, 12 y 7, que instruyeron las diligencias relacionadas con los registros que se llevaron a cabo esa misma jornada en el bufete de abogados de Miquel Feliu en el Passeig Mallorca, en la notaría 'Herrán y Delgado Notarios' de la calle Unió y en una sucursal bancaria de la zona, todos ellos ubicados en Palma.

Durante el periodo previo al inicio de la actuación judicial, la Agencia Tributaria investigó durante varios meses la presunta canalización de dinero a través de paraísos fiscales, el blanqueo de capitales, las dobles ventas de solares y otra serie de ventas concretas, ya que el bufete Feliu se hallaba relacionado con 816 sociedades que tenían unos activos declarados por importe de 307 millones de euros.