La jueza del caso Scala aplaza a septiembre la declaración de Kurt Viaene que estaba prevista para el 6 de agosto

PALMA DE MALLORCA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza que instruye el caso Scala, Piedad Marín, ha aplazado la declaración como imputado del ex director general de Promoción Industrial del Govern, Kurt Viaene, que previsiblemente tendrá lugar en septiembre pese a que estaba prevista para el 6 de agosto junto a la del ex conseller de Comercio, Industria y Energía, Josep Juan Cardona, también en calidad de imputado, aunque en este último caso la magistrada aún no se ha pronunciado.

Así lo confirmaron a Europa Press fuentes judiciales, que manifestaron que la comparecencia de Viaene podría tener lugar en la tercera semana de septiembre aunque la fecha aún no está fijada. Además, matizaron que está enmarcada en una pieza separada abierta tras las declaraciones efectuadas por el ex concejal del PP en Lloseta Felipe Ferré, quien ha implicado en la presunta trama de corrupción a Cardona, Viaene, el ex conseller de Turismo, Joan Flaquer, el ex presidente del Govern, Jaume Matas, y el ex portavoz 'popular' Miquel Ramis.

La decisión de suspender la declaración se ha producido después de que varios de los abogados personados en la causa, entre ellos el letrado de Viaene, Gaspar Oliver, presentasen un escrito ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 para solicitar el aplazamiento de la vista por tratarse del mes de agosto.

En concreto, la operación investiga la presunta trama dirigida por la ex gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros. Además, en la declaración de Ferré como imputado, éste ha declarado que Matas conocía una supuesta trama en torno a esta empresa para financiar de forma ilegal al PP.

En concreto, la Operación Scala se inició el pasado 29 de septiembre, con la detención de Ordinas y de su esposa Isabel Rosselló, a raíz de la supuesta trama de corrupción gestada la pasada legislatura en torno al CDEIB y a través de la cual se podrían haber malversado hasta cinco millones de euros al haber beneficiado con dinero público y sin concurso previo a personas y empresas allegadas que trabajaron para el Consorcio.