La jueza sostiene que Munar "participó" en la venta irregular de Can Domenge y conocía "sus líneas maestras"

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González, instructora del caso Can Domenge, ha desestimado el recurso que interpuso la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, contra el auto que decretaba el fin de la instrucción, al mantener que la ex dirigente histórica de Unió Mallorquina "participó" en las presuntas irregularidades cometidas en torno a la venta y enajenación de los solares y que "sin duda conocía, cuanto menos, sus líneas maestras".

Así lo pone de manifiesto la magistrada en su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, que rechaza de este modo el recurso de reforma presentado en su día por la defensa de Munar, ejercida por Gabriel Garcías, contra el auto dictado el pasado mes de noviembre para transformar las diligencias previas de la causa a procedimiento abreviado. El letrado alegaba que su patrocinada en ningún momento participó en acto ilegal alguno durante el proceso e incluso desconocía que el proceso se estuviera llevando a cabo de forma irregular.

En su auto, González considera sin embargo que la defensa no esgrime argumentos suficientes para que sea levantada la imputación de Munar y que contra ella no pueda dirigirse así acusación alguna, amparándose además en las declaraciones vertidas por otras personas como el ex presidente de UM y ex vicepresidente insular, Miquel Nadal, quien afirmó como imputado en dependencias judiciales que Munar "indicaba el rumbo" en el proceso de enajenación de los terrenos.

Asimismo, la instructora del caso abunda en que la ex presidenta 'uemita' "dirigía" el proceso y "convenía" con la finalidad de éste, un entramado que considera "del todo irregular en trámites y resultados, fraudulento y prevaricador", pese a que, tal y como recuerda el escrito, fue lanzado como el "proyecto estrella" del Consell en la pasada legislatura.

"No se puede argumentar que desconocía el fin defraudatorio" de la trama, añade tajante en referencia a la actuación de Munar ante la venta de los solares palmesanos a la UTE integrada por Sacresa y Ferrà Tur por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de la cantidad que ofrecía la empresa Núñez y Navarro, con la interposición de cuya querella fue incoado el caso por supuestas irregularidades en el proceso.

ACEPTA EL RECURSO DE MARIO SANZ Y RECHAZA EL DE SANTIAGO FIOL

La jueza desestima de igual forma el recurso que interpuso la defensa del abogado Santiago Fiol, abogado asesor contratado por Sacresa para su expansión en Palma y a quien se refería en el anterior auto como la 'correa de transmisión' entre la empresa y el Consell. Por el contrario, sí ha admitido el que presentó el ex director general de esta sociedad, Mario Sanz Bernal, a quien la magistrada se refería en un principio como la persona se ocupó de la transmisión de información previa a la publicación del concurso.

Cabe recordar que el recurso interpuesto por Munar se centraba en los que la defensa considera los dos únicos aspectos en los que tuvo participación su patrocinada en todo el proceso. Uno de ellos fue firmar la prórroga, de 15 a 30 días, del plazo de presentación de ofertas tras la publicación en el BOIB del decreto para la enajenación de los solares. Asimismo, el otro momento al que el letrado hacía referencia fue la comparecencia de Munar ante notario, el 19 de julio de 2006, en nombre del Consell de Mallorca para celebrar la Escritura Pública de compraventa de la finca.

Precisamente, sobre este extremo la jueza consideraba "muy ilustrativo" la denominación de 'compraventa', ya que a su juicio refleja "lo que los imputados planearon y lograron: efectuar una simple compraventa de inmueble a quien querían, contrariando la Ley, para lo cual tuvieron que elaborar la apariencia de concurso de enajenación".

En la resolución recurrida, la magistrada recordaba que fue Munar quien designó a las personas que gozaron de una actuación material, personal y directa en el proceso y en las negociaciones "fraudulentas", en relación a Miquel Nadal, el ex conseller de Territorio Bartomeu Vicens y y el ex conseller de Economía Miquel Àngel Flaquer, y por si fuera poco, precisaba además que "era la presidenta del partido al que pertenecían todos ellos", en referencia a UM.

El caso fue instruido durante cuatro meses por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) debido al aforamiento de Munar, Nadal y Vicens, aunque finalmente volvió a manos del Juzgado de Instrucción número 12 después de que la ex líder 'uemita' dimitiese como presidenta del Parlament el 26 de febrero de 2010 tras las acusaciones vertidas contra ella por el propio Nadal en el marco del caso Maquillaje. Precisamente, la Fiscalía solicita seis años de prisión contra cada uno de ellos dentro de una pieza separada de esta causa.