PALMA DE MALLORCA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma, Piedad Marín, determina en la exposición razonada que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para que éste asuma el caso Scala, la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el diputado del PP Josep Juan Cardona, imputado en este procedimiento, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, atribuidos por la Fiscalía.
Así consta en la extensa exposición que la jueza ha trasladado a la máxima instancia judicial de las islas, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que apoya sus razonamientos en que durante la pasada legislatura, el entonces conseller de Comercio, Industria y Energía, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), Antònia Ordinas, se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro".
La magistrada, que con la remisión de su escrito responde al informe emitido por la Fiscalía el pasado 8 de junio donde consideraba la conveniencia de que el TSJIB continúe la instrucción de la causa debido al aforamiento de Cardona, postula que la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas allegadas, que para ello les pagaban un porcentaje o comisión.
La exposición, elevada ayer al TSJIB, asevera asimismo que Cardona benefició a la compañera sentimental de Ordinas, Isabel Rosselló, con fondos del CDEIB al adjudicarle un contrato de consultoría sin tener en cuenta las pautas de la Ley de Contratación Administrativa y consintió que facturase numerosos trabajos al Consorcio como administradora y socia única de la mercantil Gabinete Alays, y que emitiera facturas falsas contra las personas adjudicatarias para cobrar las comisiones.
En el relato de los hechos que con trascendencia penal se atribuyen a Cardona, la jueza afirma que el ex conseller y ex presidente del CDEIB ordenó a Viaene y al coordinador de ferias del Consorcio, Antonio Munar, a que organizasen con cargo a los fondos de esta empresa el transporte de unos 6.000 kilogramos de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en Ibiza y Formentera, elaborados de forma gratuita por el publicista Joan Rosselló.
El transporte se llevó a cabo a través de la empresa Mex-Trascentro, que cobró al CDEIB 10.585 euros, según una factura en la que aparecía camuflado el transporte bajo el nombre 'Productos 5 Estrellas'.
También apunta Marín que Cardona ordenó a Ordinas y Viaene que de los fondos públicos del Consorcio se entregase una cantidad aproximada de 16.000 euros al directivo de Perlas Orquídea, Pedro Veny, elaborando para ello tres expedientes de contratación. Según prosigue, a su amparo y sin que realizase estudio o servicio alguno, Veny emitió entre febrero de 2004 y octubre de 2006 hasta cinco facturas por un importe de 47.742 euros.
PAPEL "DOMINANTE" DE CARDONA
Es por todo ello que la jueza agregó que tales hechos podrían constituir los delitos atribuidos por la Fiscalía, es decir, los de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración pública. Unas actuaciones que la jueza intuye como ciertas debido al papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB, "no sólo por su posición jerárquica sino por su protagonismo en decisiones administrativas decisivas de la contratación como en las de dotación económica de este organismo".
La magistrada añade que a la determinación de los hechos punibles que pudiera haber realizado Cardona han contribuido las declaraciones tanto de Ordinas como de Felipe Ferré, socio de las mercantiles Comarca Global Consulting y Gourmet & Boutique Islands, adjudicatarias de contratos del CDEIB.
Cabe recordar que el procedimiento se inició el 29 de septiembre de 2008 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso una querella para investigar la presunta trama urdida en torno al CDEIB y que podría haber supuesto una malversación de fondos por valor de más de cinco millones de euros. El Ministerio público abrió diligencias a raíz de una denuncia interpuesta por el Govern, que detectó anomalías en la justificación de las cuentas del CDEIB.
