La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma aprueba el código del buen gobierno local

Actualizado: miércoles, 6 abril 2011 21:31

PALMA DE MALLORCA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado el código del buen gobierno local, basado en el código aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con la incorporación de algunas especificaciones para dar mayor profundidad a determinados puntos en materias como la transparencia o la participación.

Los tenientes de alcaldesa José Hila y Eberhard Grosske han presentado la aprobación del código, con el que se da cumplimiento al acuerdo tomado en este sentido en el último debate del estado de la ciudad.

El documento hace referencia a todas aquellas cuestiones relacionadas con la gestión municipal, como por ejemplo la selección y contratación de personal, la concesión de subvenciones o la adjudicación de contratos menores.

Este código será tratado en el próximo pleno municipal, en el que cada uno de los grupos municipales tendrá la oportunidad de presentar sus propias propuestas.

Cabe señalar que el acuerdo de la Junta de Gobierno incluye únicamente propuestas relativas a la gestión del gobierno municipal y se ha preferido que las referentes a la asunción de responsabilidades políticas por parte de concejales y altos cargos sean aportadas directamente en el pleno por parte de los grupos municipales.

En este sentido, el grupo municipal del Bloc ya ha anunciado que presentará una enmienda en la que propone que "los concejales y altos cargos de la Administración municipal abandonarán sus responsabilidades de gobierno cuando por negligencia, para favorecer intereses particulares o por cualquier otra causa sean responsables de graves perjuicios a los intereses generales".

Asimismo, añade que también abandonarán estas responsabilidades cuando "estando incursos en procedimientos judiciales por casos de corrupción, el juez, en el marco de la instrucción, dicte un auto donde aprecie la existencia de indicios racionales de conductas delictivas o dicte contra la persona afectada medidas cautelares".

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE SERVICIOS SOCIALES

Por otra parte, la Junta de Gobierno de Palma también ha aprobado el reglamento definitivo que regirá el consejo sectorial de servicios sociales, creado para constituir un espacio de reflexión y análisis sobre las necesidades sociales de la ciudad y la capacidad de respuesta de los recursos y dispositivos existentes.

El consejo de servicios sociales estará formado por representantes del gobierno municipal y de la Concejalía de Bienestar Social, así como por dos representantes de entidades que trabajan en los sectores de la inclusión social, prevención de drogas, infancia, jóvenes, familia, inmigración, personas mayor y discapacitados.

También habrá un representante de los colegios oficiales de trabajadores sociales, de educadores sociales y del de psicólogos, así como de las organizaciones sindicales más representativas.

En el marco de este consejo de servicios sociales se tratará de fomentar la aportación de iniciativas, proyectos y sugerencias, al tiempo que se intentará mejorar la coordinación y el trabajo en red de las diferentes entidades e instituciones, que permitan el aprovechamiento sinérgico de los recursos.

FUNCIONES

Entre las funciones de este órgano se encuentran las de proponer medidas de actuación de diferentes sectores de población, así como emitir un informe anual sobre el estado de los servicios sociales municipales y elevarlo al área de Bienestar Social para su difusión.

También se ocupará de debatir la aprobación y ejecución de los presupuestos municipales de acuerdo con lo establecido en el protocolo de presupuestos participativos. Asimismo, impulsará la elaboración de estudios, investigaciones e informes en colaboración con la UIB, colegios profesionales, asociaciones, y otras entidades para la difusión de aspectos relevantes de los servicios sociales municipales.

Además, deberá denunciar y hacer un seguimiento de las posibles situaciones de discriminación por razones de sexo, creencia, raza, edad o discapacidad.