El Juzgado admite a trámite la demanda de UGT contra los servicios mínimos del Ayuntamiento en la huelga de 'escoletes'

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Palma ha admitido a trámite la demanda presentada por el sindicato UGT contra el Ayuntamiento de Palma por "vulnerar" el derecho fundamental a la huelga de las trabajadoras de las 'escoletes' con los servicios mínimos impuestos.

En un comunicado este miércoles, el sindicado ha informado de la admisión a trámite de su demanda, impuesta esta semana, que solicita la suspensión inmediata de los servicios mínimos que considera "ilegales por su carácter abusivo y por defectos graves en el procedimiento".

Según han señalado, el juzgado ha emitido un auto en el que da un plazo máximo de cinco días al Ayuntamiento para presentar el expediente correspondiente, y se espera una resolución en breve.

El sindicato ha exigido una resolución "urgente", argumentando que "cada día que pasa se está lesionando el derecho legítimo del personal afectado a ejercer su derecho constitucional a la huelga".

Cabe recordar que el sindicato CCOO Baleares presentó también una demanda ante los juzgados en el mismo sentido, solicitando medidas cautelares.

Las trabajadoras de las 'escoletes' municipales externalizadas inciaron el pasado lunes una huelga indefinida para poner sobre la mesa las consecuencias del modelo de gestión privatizada de un servicio público esencial.

Las trabajadoras denuncian la "discriminación" que sufren al cobrar hasta 600 euros menos al mes que sus compañeras que trabajan en centros de gestión directa.

Según UGT, el Ayuntamiento de Palma, "lejos de abordar esta desigualdad", ha respondido con una actitud "autoritaria". "Intentar neutralizar la huelga con un decreto de servicios mínimos que ataca directamente el derecho a la protesta de estas trabajadoras", han criticado.

Para el sidnciato, la situación es "insostenible" y las condicoines laborales de las trabajadoras "sí son responsabilidad política" del Ayuntamiento y de la Conselleria de Educación y Universidades, aunque, han reprochado, "intenten escudarse" en la existencia de un contrato con una empresa privada.