PALMA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha insistido en la necesidad de que el Govern atienda "a aquellas familias a las que el mercado no da ninguna solución" y "establecer unas reglas de juego que permitan el estímulo de la construcción de viviendas con precios limitados". A su juicio, "el gran desafío es ahora potenciar la colaboración público-privada".
Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en el Parlament, donde ha expuesto la política general en materia de vivienda del Govern balear.
Marí ha recordado que la situación de la vivienda en las Islas viene marcada por "una demanda que crece de forma explosiva y una oferta que viene limitada por el factor suelo", algo que como resultado da "un aumento muy significativo de precio".
"Es cierto que desde el Govern no disponemos de todas las competencias para hacer frente, es necesaria la implicación del Gobierno estatal, que ya ha presentado un Proyecto de Ley de Vivienda que defiende la función social de la vivienda al igual que lo hace la normativa balear", ha señalado.
En su intervención, el conseller ha enumerado las medidas tomadas desde el Ejecutivo autonómico para hacer frente a la difícil situación de la vivienda en el archipiélago, como el impulso a la vivienda protegida pública destinada a alquiler social. Según Marí, en 33 años se construyeron 1.756 VPO de alquiler público en la comunidad y al final de esta legislatura se habrán incorporado más de 1.160 VPO, lo que supone un 66% de incremento.
A pesar de que ha valorado estas cifras, el conseller ha admitido que "no es suficiente". "Por eso las políticas de vivienda necesitan de continuidad y apoyo presupuestario que año tras año tenga más fuerza, gobierne quien gobierne", ha añadido.
La adquisición de viviendas por derecho de tanteo y retracto o la cesión temporal de uso es otra de las medidas del Govern en este sentido. En estos momentos, la Conselleria dispone de 91 viviendas adquiridas por derecho de tanteo y retracto (46 de particulares y 45 grandes tenedores).
Además, se ha potenciado la inspección en materia de vivienda desde 2019 para asegurar el cumplimiento de la ley. Así, el Govern ya ha sancionado a un total de 16 grandes tenedores por un importe de 645.000 euros y hay abierto 10 procesos más con un importe de 153.009 euros. De este modo, si terminan todos en sanción se habrán impuesto sanciones por unos 800.000 euros.
Marí también ha destacado el esfuerzo para incrementar las ayudas de alquiler, dado que desde 2015 se ha multiplicado por 6 el importe para ayudas y por 6,5 el número de beneficiarios. "Hemos pasado en 2015, de un presupuesto de 1,5 millones de euros y 785 beneficiarios a movilizar en el año 2020, 9,5 millones de euros en ayudas al alquiler para 5.300 beneficiarios".
Asimismo, se ha referido a la oportunidad que representan los fondos europeos, parte de los cuales se destinarán a la mejora de la eficiencia energética de 4.000 viviendas en las Islas, entre otros proyectos.
Con todo, el conseller ha reconocido que el Govern "no tiene todas las herramientas para actuar en el mercado de la vivienda" y ha mencionado la futura ley estatal por el Derecho en la Vivienda, que debería ser una realidad a finales de este año.
"En cualquier caso, y a la vista de que los procesos de construcción de viviendas no son inmediatas y los problemas que tenemos sí lo son, también debo decirles que aplicaremos todas las medidas que nos permita nuestro marco competencial, incluidas las limitaciones de precios si el Estado habilita los mecanismos necesarios para ello", ha concluido.
