La memoria de análisis que acompaña el decreto del REB concluye que no hay impacto presupuestario inmediato

Francina Armengol y Pedro Sánchez
MONCLOA - Archivo
Publicado 26/02/2019 18:05:24CET

Señala que las medidas energéticas tienen "naturaleza programática, sin que ninguna de ellas implique per se un compromiso de financiación"

PALMA DE MALLORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La memoria de impacto normativo del Real Decreto Ley del Régimen Especial de Baleares (REB) concluye que la norma "no afecta a los Presupuestos Generales del Estado ni implica gastos", incluso en la situación de prórroga de los PGE de 2018.

El informe que acompaña el texto legislativo, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que el decreto-ley "no supone ninguna variación" presupuestaria en las medidas de transporte porque "no se modifica el porcentaje de bonificación al transporte aéreo" legalmente en vigor ni las condiciones para ser beneficiario.

Lo mismo ocurre con el transporte marítimo o la subvención al transporte de mercancías, "ya que no se modifican los porcentajes de bonificación que se recogen en el marco legal actualmente en vigor".

"Lo que realmente aporta esta norma es la continuidad en la aplicación de una serie de medidas que han contribuido a la propia previsión constitucional de lograr un justo equilibrio económico entre regiones", se indica en la memoria. En cuanto al resto de medidas previstas en el decreto, sí apunta que "habrá que estar a las disposiciones que se adopten para su concreta aplicación".

LAS MEDIDAS ENERGÉTICAS "TIENEN NATURALEZA PROGRAMÁTICA"

Por otra parte, en cuanto a las medidas en el ámbito de la energía -como la interconexión eléctrica interislas, la electrificación de los puertos y la segunda conexión eléctrica con la Península- el informe mantiene que "tienen naturaleza programática, sin que ninguna de ellas implique per se un compromiso de financiación y la asunción directa de un coste para el sistema eléctrico o los operadores".

El informe incide en que es la planificación previa por parte del Gobierno la que tiene "carácter vinculante". "Sólo en el momento en que una determinada infraestructura de transporte es incluida en la planificación, previo análisis de necesidad y de coste-beneficio, se le otorga el derecho a ser retribuida con cargo a los peajes que pagan los consumidores y de conformidad con la metodología de retribución de la actividad que establezca el regulador competente para ello", detalla.

En cuanto a la electrificación de los puertos, la memoria de impacto considera que "se trata de un mandato general que tampoco implica un coste inmediato, sino una voluntad del legislador".

En cuanto al factor de insularidad, explica que es una dotación de los PGE de cada ejercicio y que su cuantía inicial se fijará con "una metodología consensuada en el marco de la correspondiente Comisión Mixta de Economía y Hacienda" entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

Este factor servirá para que Baleares reciba inversiones del Estado en la media del conjunto de las autonomías. Ambos gobiernos decidirán en Comisión Mixta y cada ejercicio el uso de estos fondos, que podrán ser empleados en infraestructuras ferroviarias, carreteras, instalaciones hidráulicas, becas de investigación y formación y mejora de zonas turísticas, entre otros. El decreto, aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros, tiene que ser convalidado por el Congreso.

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