PALMA DE MALLORCA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
Prácticamente la mitad de los controladores de Baleares que ha acudido a declarar desde el pasado día 10 de enero ante la Policía Judicial no se ha podido acoger a su derecho a no declarar, puesto que, en el momento de la comparecencia, su citación se ha modificado, pasando de estar imputados a testigos.
Así lo han revelado fuentes de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) a Europa Press, que han criticado este "cambio poco serio" que afecta a unos dos o tres controladores al día de los cinco que normalmente deben acudir. Además, han dicho desconocer si esta modificación, que sólo ha tenido lugar en las islas, responde a una petición por parte de la Fiscalía de Baleares, así como los motivos por los cuales afecta únicamente a algunos profesionales.
De esta manera, algunos de los controladores que han comparecido ante la Policía Judicial se han visto obligados a declarar y, según han explicado, han tenido que narrar lo sucedido el pasado día 3 de diciembre cuando se produjo el cierre del espacio aéreo. En este sentido, han indicado que han manifestado "lo que pasó", esto es, algunos de los episodios de ansiedad que tuvieron lugar en la torre de control de Palma, han explicado.
"Los 71 controladores que debían acudir a prestar declaración estaban citados como imputados, pero algunos, al ir a declarar, se les ha cambiado la citación por la de testigos" han explicado estas mismas fuentes que, además, han reprochado que la ley se modifique "en función de las necesidades de cada uno". No obstante, este hecho ha tenido lugar desde el pasado día 10 y desconocen si también se sucederá en las comparecencias que todavía faltan por .
Actualmente, han acudido a deponer ante la Guardia Civil prácticamente la mitad de los controladores de Baleares, viéndose afectados por este cambio el 90 por ciento de ellos, según aseguran desde USCA. Además, prevén que esta decisión también damnifique a los profesionales que todavía quedan por declarar hasta la última semana de enero.
Los controladores de las islas comparecerán ante la Benemérita hasta finales de este mes, de manera que, posteriormente, la Guardia Civil trasladará las declaraciones a la Fiscalía. Ésta debe analizar si se les puede imputar un delito de sedición previsto en la Ley de Navegación Aérea, lo que podría comportar, en su modalidad más grave, penas de hasta seis años de cárcel.
