PALMA DE MALLORCA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez que instruye el caso Son Oms, Juan Ignacio Lope Sola, decretó hoy libertad con cargos para el abogado y empresario Jaume Montis, imputado en la causa que investiga el cobro de comisiones ilegales a cambio de la recalificación del polígono palmesano, por lo que ha quedado en igual situación que el ex presidente del Parlament, Maximilià Morales, que también declaró esta mañana ante el magistrado.
Tras ser interrogado en el juzgado de instrucción número 2 de Palma, el abogado del imputado, su hermano Manuel Montis, señaló que el juez ha notificado así un auto por el que se le retira el pasaporte y se le prohíbe así salir del territorio nacional. Tal y como recalcó, "todo ha ido muy bien" y su cliente ha colaborado con la justicia al responder a todas las preguntas que se le han formulado.
"En ningún momento se ha quebrantado el secreto profesional y ninguna de las partes ha pedido la privación de libertad, por lo que todo ha ido perfecto", enfatizó Montis. No obstante, la acusación particular, representada por quien en su día denunció el caso a la Fiscalía, Ángel Ochando -defendido por el letrado Javier Barinaga Martín-, solicitó prisión provisional para el empresario, que continuará en calidad de imputado.
Y es que el caso se desató cuando el propio Ochando, propietario de una de las fincas afectadas, denunció ante la Fiscalía que el hasta ahora portavoz de UM en el Parlament, Bartomeu Vicens, y Morales le exigieron comisiones de un 15 por ciento de su solar, que iba a ser recalificado.
Los cargos que se le imputan a Montis, entre otros, son los de cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos. Montis comenzó a declarar en torno a las 12.00 horas y el interrogatorio se prolongó por espacio de dos horas aproximadamente. Previamente, el magistrado también tomó declaración a Morales, para quien el juez también ha decretado libertad provisional mientras que la Fiscalía no ha solicitado ninguna medida preventiva.
El Ministerio Público postula que Vicens recurrió a su testaferro, Elisabeth Diéguez y a su marido, el directivo de comunicación Alfredo Conde, para recuperar gran parte de las multimillonarias comisiones que pactó en los noventa a cambio de la recalificación de Son Oms y que hasta hace poco obraban en poder del abogado Montis.
La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado mes de mayo una querella criminal contra Vicens, defendido por Eduardo Valdivia y Jaume Campaner, así como contra Morales y Montis. La Fiscalía investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del Polígono Industrial de Son Oms se cometieron delitos de alcance millonario por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas, mediante el cobro de comisiones por la recalificación de parcelas de suelo rústico a urbanizable.
