Una nueva Ley de Servicios Sociales establece una cartera de obligaciones que garantiza "el derecho a no pasar hambre"

PALMA DE MALLORCA 9 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La futura Ley de Servicios Sociales de las Islas Baleares, que modifica la normativa de 1987, incluye una Cartera de servicios en la que "se establece como obligación el alojamiento, la alimentación y el vestido" de todas las personas que residen en la comunidad autónoma. Uno de los principales objetivos del proyecto es "garantizar el derecho a que nadie pase hambre".

Así lo destacó hoy la consellera del ramo, Josefina Santiago, durante la presentación del borrador de la nueva ley, quien añadió que existen diversas fórmulas para proporcionar una "ingesta mínima de alimentos", tales como la creación de una bolsa de alimentos, incrementando la presencia de comedores sociales en diversos los municipios de las Islas, o financiando los comedores escolares a aquellas familias que presentan dificultades para "poder pagar la alimentación a sus hijos".

La iniciativa, que comenzará su tramitación parlamentaria después del verano, plantea la aprobación de un decreto en el que se define una Cartera de Servicios sociales que determinará los "derechos subjetivos" que podrá reclamar cualquier ciudadano y que, de no cumplirse, podrán ser reclamados en los tribunales.

Esta cartera, que se elaborará en un plazo máximo de ocho meses, propone asimismo los ratios de asistencia social, de modo que cualquier persona que acceda a la red de servicios sociales disponga de un "profesional de referencia", que deberá proporciona al usuario una "información verídica".

Según explicó la consellera, la finalidad de la nueva Ley es "regular y ordenar" el sistema de servicios sociales en las Islas Baleares, al tiempo que mostró su confianza en que el proyecto normativo cuente con un amplio consenso. Para ello, anunció que a partir de este momento se iniciará los contactos con el resto de socios de gobierno, la oposición (PP), así como con todos los sectores profesionales y entidades directamente afectadas.

IMPLICACIÓN DE TODAS LAS ADMINITRACIONES

Asimismo, apuntó que las necesidades sociales deberán ser cumplidos por todas las administraciones públicas de las comunidad autónoma; Govern, Consells Insulars y Ayuntamientos, para lo que se establecen mecanismos de coordinación y de participación en los que estarán representados todos ellos.

De este modo, cada institución marcará las prioridades de actuación en su ámbito, una medida que "permitirá a las entidades sin ánimo de lucro financiar con anticipación las iniciativas", apuntó.

Asimismo, en otro capítulo se establecen zonas básicas de atención de acuerdo con máximo de habitantes - con un reparto similar al de las zonas educativas o sanitarias-, mientras que otro apartado hace referencia a los derechos y deberes de los profesionales relativos a su formación y retribución, entre otros aspectos.