PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El representante legal de Núñez y Navarro afirmó hoy que el informe pericial emitido por la Universidad Politécnica de Catalunya que considera "correcta" la tasación oficial de 29,32 millones de euros efectuada de los solares de Can Domenge no tiene la "misma validez" que los informes "absolutamente independientes" realizados a instancias judiciales y que cifran en 60 millones de euros el precio de los terrenos.
Así lo afirmó hoy el abogado del grupo catalán, Rafael Jiménez Mera, quien señaló, en declaraciones a Europa Press, que el hecho de que este informe se haya realizado por encargo del Consell de Mallorca -y que ya obra en poder del juzgado de instrucción número 12 de Palma- significa que se ha efectuado "a instancias de parte", mientras que los que figuran en las actuaciones judiciales se hicieron de forma "totalmente independiente".
Núñez y Navarro participó en el concurso convocado por la Institución Insular para vender los terrenos de Can Domenge y pese a que ofreció 60 millones de euros los terrenos fueron adjudicados a la UTE Sacresa-Ferrà-Tur. Por ello, el empresario presentó una querella contra el anterior equipo de gobierno insular por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental.
"El tema está en los juzgados y las diligencias abiertas siguen su curso", afirmó el abogado de Nuñez y Navarro, que advirtió que la huelga de funcionarios ha paralizado temporalmente el caso. En este punto, afirmó que el Consell de Mallorca "puede solicitar 25 informes si quiere", pero lo que "es cierto" es que todos ellos serán siempre "a instancias de parte", y "no tendrán la misma validez que el requerido en el proceso judicial de forma independiente", reiteró. Por esta cuestión, el pasado 17 de diciembre el ex conseller de Economía y Hacienda en el Consell y actual portavoz de UM en la Institución Insular, Miquel Àngel Flaquer, defendió la transparencia en el concurso de adjudicación de los terrenos de Can Domenge y arguyó que no hubo ninguna advertencia de ilegalidad en todo el proceso.
Su abogado defensor, Eduardo Valdivia, dijo entonces que la oferta de Núñez fue un "brindis al sol", ya que, en su opinión, ofreció "de boquilla" los 60 millones de euros por los solares.
