Ocho personas declaran este martes como investigadas por una protesta durante un desahucio en Palma el pasado noviembre

PALMA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas declararán este martes como investigadas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma por una protesta para intentar detener un desahucio el pasado 2 de noviembre en Palma.

Los colectivos Sindicat d'Habitatge de Palma y Stop Desnonaments Mallorca han convocado una concentración de apoyo a los imputados a las puertas del Juzgado. Ninguno de los ocho imputados es miembro de la familia afectada por el desahucio, sino que se trata de vecinos y activistas que habían ido a brindar apoyo.

Los ocho investigados afrontan una acusación por un presunto delito de atentado a la autoridad, durante un desahucio el pasado 2 de noviembre. Los colectivos denuncian que se desahució a una familia con menores en situación de vulnerabilidad y censuran especialmente la actuación de la Policía Local.

Stop Desnonaments ha criticado que el cuerpo municipal interviniera a pesar de la declaración de Palma como 'ciudad libre de desahucios', efectuada en 2013, "en la que entre otras cosas el ayuntamiento se comprometía a no enviar la Policía Local a los desahucios".

Sin embargo, según la entidad, tres unidades de intervención inmediata de la Local acordonaron la zona separando a los vecinos que protestaban. Stop Desnonaments acusa a la Policía de haberse "cebado" con los activistas y de intentar "criminalizar las protesta social" en el atestado.

Mientras, el Sindicat d'Habitatge sostiene que la actuación policial "transcurrió con irregularidades por la agresividad hacia los manifestantes", y que el desahucio terminó con varias personas lesionadas y una detenida.

El Sindicat también acusa a La Caixa, que instaba el desahucio, la Policía y la comisión judicial de "extorsionar y amenazar a los hijos menores de edad" para que salieran de la casa, "generando un ataque de pánico" a la madre "que tuvo que ser atendida por una ambulancia".

Stop Desnonaments ha censurado el "endurecimiento" de los operativos policiales frente a la lucha anti-desahucios, "sobre todo desde julio de 2019 cuando empezó una oleada de multas de la 'Ley Mordaza'" y desde diciembre de 2019 cuando se abrieron diligencias contra su portavoz, Joan Segura, en el polémico desahucio de una familia con un hijo con discapacidad.

Además, Stop Desnonaments ha alertado que, de los seis desahucios de 2022, "todos eran de banco o fondo buitre". Además, la plataforma destaca el perfil especialmente vulnerable de los afectados: en cinco había menores y en el sexto una mujer mayor de 65 con discapacidad "afectada por la estafa hipotecaria".