PALMA DE MALLORCA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) en Mallorca se ha concentrado en los juzgados de Sa Gerreria de Palma para pedir la nulidad de los procedimientos de ejecución hipotecaria, de acuerdo a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declara que la ley hipotecaria española "vulnera los derechos humanos".
Durante la protesta, integrantes de la PAH han recordado cómo el 14 de marzo de 2013 el TJUE confirmaba la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria "desde hacía más de 20 años", al determinar que "vulneran de forma clara los derechos fundamentales de las personas afectadas y el derecho a la defensa, sin que se den mecanismos de oposición efectivos para hacer valer sus derechos en el marco del procedimiento de ejecución actual".
Sin embargo, lamentan que la respuesta del Gobierno, el pasado 5 de septiembre, pasase por modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) "para cumplir la sentencia del TJUE" y por "no reconocer la violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni adoptar medidas que lleven a declarar la nulidad de las resoluciones que han violado el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE".
En este contexto, la PAH ha aseverado que "continúa denunciando que la ley hipotecaria es ilegítima e ilegal y que vulnera los derechos humanos", al lamentar que "este último parche del PP intenta esquivar la sentencia del TJUE, no suspenderá los procedimientos de ejecución hipotecaria y deja de nuevo al Gobierno y a la banca criminal en evidencia".
"Si la Unión Europea vigila esta vulneración de los Derechos Humanos y la falta de medidas, terminará con una sanción sobre el Estado que no pagará ni la banca ni los políticos que la defienden, sino que será de nuevo la ciudadanía la que sufrirá por partida doble las consecuencias de la mala gestión de un gobierno corrupto y vendido", recriminan desde la plataforma.
Así, la entidad reclama el posicionamiento del Poder Judicial para detener las ejecuciones hipotecarias "fundamentadas en una ley ilegal, contraria a los fundamentos de la Unión Europea y los Derechos Humanos".
