La Comisión crea nuevos 24 puestos de trabajo en la Oficina Anticorrupción de Baleares, de los cuales hay dotados la mitad en 2019
PALMA DE MALLORCA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament balear ha aprobado este miércoles la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Oficina de Prevención y Lucha contra Corrupción de Baleares, así como su código deontológico.
La relación de puestos de trabajo se ha aprobado con el apoyo de los partidos del 'Pacte' y la oposición del PP, El PI y Cs, por lo que ha salido adelante con un voto de diferencia. En cambio, el código deontológico se ha aprobado por unanimidad.
La RPT crea 24 puestos en la Oficina Anticorrupción, todos ellos de personal funcionario, si bien en los Presupuestos autonómicos de 2019 hay dotados la mitad.
Se incluye un director adjunto; un jefe de área de ética pública, prevención e integridad; jefe de área de investigación e inspección; jefe de área de asuntos generales, recursos humanos y administración económica; jefe de área de asesoramiento, representación y defensa jurídica; varios inspectores jefes de equipo; jefes de unidad y adjuntos a éstos; ayudantes, ayudantes base y secretarios personales.
Los diputados del PP, Cs y El PI han explicado su voto en contra porque cuestionan la cantidad de puestos directivos de libre designación, en concreto el director adjunto, los jefes de área, las secretarías personales y los jefes de equipo. "Entendemos que lo ideal sería invertir la pirámide, que sean más de concurso específico y menos de libre designación", ha indicado el diputado del PP Juan Manuel Lafuente, que ha resaltado también "el grado enorme en las gratificaciones extraordinarias" para el director.
La diputada de Cs, Olga Ballester, ha apelado a la "independencia de los organismos de control del poder político". "Una Oficina Anticorrupción donde todos los cargos directivos son de libre designación y únicamente los ayudantes son personal técnico, nos parece que realmente no es una oficina de control", ha declarado. Desde El PI, Maria Antnia Sureda también ha criticado que no se exija el requisito de catalán desde el inicio.
Por parte de Podemos, el diputado Alberto Jarabo ha criticado la posición del PP y le ha acusado de "votar en contra de la lucha contra la corrupción". Además, ha defendido que el director de la Oficina, Jaume Far, "ha demostrado su independencia" y ha argumentado que una manera de protegerla" es que pueda elegir a las personas que trabajarán en la oficina". El diputado de Podemos también ha pedido un compromiso para ampliar más adelante el personal del organismo.
Por parte de MÉS per Mallorca, el diputado Biel Barceló ha valorado que la aprobación de la relación de puestos de trabajo supone "acabar de dotar" la Oficina y permitir que se pueda poner en marcha. Desde MÉS consideran que la estructura planteada "corresponde a los objetivos y lo que marcan el Reglamento y la Ley", y ha resaltado que las retribuciones se equiparan a la Sindicatura de Comptes. También ve justificado que los puestos directivos sean de libre designación.
Finalmente, desde el PSIB, María José Camps ha defendido que "un puesto de libre designación no es lo mismo que un alto cargo" y que "necesitan igualmente convocatoria pública y presentar un currículum". "Es cierto que la relación de puestos de trabajo está en el límite de retribuciones y complementos, pero se ha revisado y todo está dentro de los parámetros objetivos aplicables", ha puntualizado.
En cuanto al código deontológico, el debate ha sido mucho más breve. El PP ha explicado que votaría a favor porque, aunque creen que el código "no establece ninguna gran novedad", "el titular tampoco cuesta dinero a los contribuyentes". Por su parte, Podemos ha recalcado que "el comportamiento es esencial para prevenir la corrupción" y que el código ético es "una declaración de intenciones" de los funcionarios, lo que "debe estar en consonancia con el trabajo conjunto de una sociedad que aspira a ser protegida".
