El Parlament reclama reforzar el programa de Centros Ecoambientales para asegurar la presencia en todas las islas

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament solicita al Govern que refuerce los recursos humanos y técnicos del programa Centros Ecoambientales, al incrementar el apoyo a los equipos de asesoramiento existentes, asegurar su presencia en todas las islas y facilitar la formación especializada con materiales actualizados.

Este es uno de los puntos que contenía la proposición no de ley (PNL) defendida este jueves por la diputada del PP Maria de Lluc Fornas, en la Comisión de Educación y Universidades del Parlament y que ha quedado aprobada por unanimidad.

En la misma iniciativa, se pide al Govern que analice y actualice los planes existentes relativos al programa de Centros Ecoambientales, de acuerdo con los trabajos que se desarrollan en el marco del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad y del grupo de trabajo nacional, con el objetivo de "reforzar la coherencia, la sistematicidad y el alcance educativo en todas las dimensiones de la sostenibilidad".

El Parlament también ha solicitado al Govern que consolide un sistema de indicadores comunes para la autoevaluación de los centros ecoambientales, alineado con el que se desarrolla al ámbito estatal. Esto permitiría valorar elementos como la integración de proyectos ambientales, la participación del alumnado y el impacto de las iniciativas, y a publicar anualmente resultados agregados que faciliten la mejora continua.

Además, se ha planteado establecer mecanismos estables de cooperación con Consells insulares y ayuntamientos, dentro del ámbito de sus competencias respectivas, para facilitar las sinergias que refuercen el trabajo de los centros ecoambientales sin desconectarlo de sus objetivos educativos.

Por último, la propuesta defiende que se deben impulsar acciones de reconocimiento y difusión de buenas prácticas de los centros ecoambientales, con el objetivo de "fomentar la transferencia de experiencias y la visibilidad social del programa".

NEGOCIAR EL CONVENIO DE LOS MONITORES DEL TRANSPORTE ESCOLAR

Por otra parte, el Parlament ha dado luz verde, también por unanimidad, a una PNL presentada por el diputado del PSIB Àlex Pitaluga sobre los monitores que acompañan a los estudiantes en el transporte escolar.

En ella, se reconoce la tarea "esencial" del personal acompañante del transporte escolar dentro del sistema educativo y defiende el derecho del colectivo a ejercer su profesión con "dignidad, estabilidad y reconocimiento".

Por eso, el Parlament insta al Govern que continúe el proceso de diálogo y negociación con los sindicatos, representantes del colectivo y empresas adjudicatarias para elaborar un convenio colectivo autonómico específico para el personal acompañante del transporte escolar.

En ese sentido, han pedido que se garantice que el futuro convenio defina de manera "clara" el perfil profesional y las funciones de este personal, al establecer un modelo de estabilidad contractual adecuado al calendario escolar, que determine una estructura retributiva "justa y coherente" con las responsabilidades ejercidas --incluyendo la tarea con alumnado con necesidades especiales--, e incorpore mecanismos que aseguren los derechos laborales y eviten situaciones de impagos o incumplimientos contractuales.

Además, se ha reivindicado al Govern que establezca un plan de formación "obligatorio y acreditado", específico para la función, que incluya contenidos en primeros auxilios, protocolos de emergencia, gestión de comportamientos, seguridad en el transporte escolar y atención educativa inclusiva del alumnado.

Al mismo tiempo, el Parlament ha reclamado al Govern incluir en las futuras licitaciones del servicio criterios sociales vinculantes orientados a la calidad, la profesionalización y la seguridad del servicio, y no exclusivamente criterios económicos.

Por último, se exige al Govern que cree un mecanismo estable de supervisión e inspección, con capacidad de verificación y, si procede, sanción, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de calidad del servicio por parte de las empresas adjudicatarias.