PALMA DE MALLORCA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa, se reunirá el próximo martes 3 de noviembre con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, encuentro en el que abordará, entre otras materias, el traspaso de las competencias a la comunidad, que según reveló Costa tendrán un coste efectivo anual de 55 millones de euros.
Así lo reveló la portavoz del Govern, Joana Barceló, tras la reunión del Consell de Govern, donde además detalló que se tratarán otros asuntos como la necesidad de que el Gobierno central asuma los costes de las obras de las nuevas sedes judiciales de Eivissa, Maó y Ciutadella, así como que el Ejecutivo adquiera mayores compromisos para el partido judicial de Manacor.
Barceló reconoció que "falta camino por recorrer" hasta que se produzca el traspaso de las competencias de justicia. No obstante, el encuentro del martes será una reunión de "presentaciones" y en éste participará la nueva directora general, Marta Díaz Pascual.
Díaz Pascual, licenciada en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona y especialista en Derecho Local por la Universitat de les Illes Balears, fue nombrada hoy en este cargo por el Consell de Govern, en sustitución de Sandra Capllonch. Además, actualmente trabajaba como letrada del Consell de Eivissa y de jefe de la sección de Recursos Humanos de la institución insular.
Costa ya informó el pasado 14 de octubre en el Parlament que el Govern y Gobierno se encontraban negociando el traspaso de las competencias de Justicia bajo el criterio de que tendrán un coste efectivo anual de 55 millones de euros, cuatro más de los 51 millones que se consideraban hasta ahora, lo que supone un repunte del nueve por ciento.
La consellera reconoció que "ha habido avances", aunque cerrar el acuerdo depende de la obtención de una dotación presupuestaria "razonablemente suficiente" para desempeñar esas funciones. En opinión de Costa, "hay motivos para un prudente optimismo", a pesar de que recordó que el momento económico actual no es adecuado para conseguir un traspaso en las mejores condiciones posibles, y, de hecho aseguró que la negociación con el Estado "entra en una fase decisiva", dada la voluntad mostrada por ambas partes; a falta de aclarar las cantidades que se dedican a personal, equipos e infraestructuras.
